El PSOE pedirá la reprobación de Arias-Salgado por el "caso Correos"

El Grupo Socialista en el Congreso pedirá en el próximo pleno del 14 de diciembre la reprobación del ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, por su actuación en la adjudicación de la nueva sede central de Correos. Es la tercera vez que el PSOE promueve una iniciativa parlamentaria contra la gestión de este ministro, además de pedir al presidente del Gobierno que lo cese. Antes de la polémica por la nueva sede de Correos, Arias-Salgado fue criticado por el caos aéreo y la fiscalidad de sus empresas.

El escándalo de la adjudicación de la nueva sede de Correos surgió al publicarse que había sido concedida a una empresa propiedad de un antiguo socio del actual director de esa institución, José Ramón Esteruelas y del propio Arias-Salgado. El portavoz socialista en la Comisión de Infraestructuras del Congreso, Jesús Caldera, indicó que el ministro de Fomento "tiene que explicar como se ha elegido una una oferta entre siete, cuando cinco de ellas eran mejores que la que ha obtenido el contrato para la instalación de la nueva sede central de Correos en el Parque de las Naciones, y precisamente en el edificio de un amigo suyo".En la moción que el PSOE defenderá el próximo día 14, también se pide el cese del director de Correos. En el texto se le acusa de mentir al Parlamento "e incurrir en responsabilidad al no inhibirse en el procedimiento que concluyó con la firma del contrato de alquiler, con opción a compra" para la nueva sede de Correos.

La acusación de mentir se debe a que Esteruelas dijo en el Parlamento que el abogado del Estado le había hecho un informe en el que le garantizaba jurídicamente que no tenía por qué abstenerse en la adjudicación del contrato de alquiler de la nueva sede. Esteruelas, según los socialistas, dio a entender que tenía ese informe cuando se produjo la adjudicación, en 1998. Sin embargo, ese informe se elaboró después de que se destapara la polémica.

Es la tercera vez que el PSOE pide la reprobación de Arias-Salgado. La primera fue por el caos aéreo y la segunda cuando se descubrió que el ministro no había declarado al Congreso las actividades de Ferloan, una empresa familiar.