Hacienda expedienta a siete inspectores al encontrar indicios de actuaciones corruptas

Barcelona - 02 dic 1999 - 00:00CET

Hacienda abrió ayer siete expedientes por supuestas faltas muy graves a otros tantos funcionarios de la inspección (cinco inspectores y dos subinspectores) en Madrid y Valencia. Seis de ellos formaron parte de la Unidad de Estudios Económicos y Sectoriales, un grupo especial dedicado a generar informes sectoriales que fue disuelto el pasado abril al sospechar que se estaban produciendo prácticas corruptas. Los expedientes se producen tras una investigación judicial que ha descubierto una red de extorsión a empresarios con documentos elaborados con información extraída de esa unidad.

Entre los expedientados por la Agencia Tributaria figuran los inspectores Mariano Navarro-Rubio, José María Sánchez Cortés, Juan José Sánchez Diezma y Francisco Villar. Todos ellos formaron parte de la Unidad de Estudios Económicos y Sectoriales. Además figuran dos subinspectores que trabajaban en la citda unidad especial y el inspector Alfredo Pérez Lodares.En el caso de Navarro-Rubio, hijo del que fue ministro de Hacienda franquista del mismo nombre, este es el segundo expediente que se le abre, tras ser detenido en junio pasado por orden de la juez Inmaculada Melero Claudia, titular del juzgado de instrucción número 38 de Madrid, que le imputó los supuestos delitos de extorsión, amenazas y divulgación de secreto. En este caso, se le imputó haber utilizado un informe de la Unidad para extorsionar al empresario Juan Abelló elaborado por otro de los expedientados, el inspector José María Sánchez Cortés.

El expediente abierto por Hacienda les atribuye a todos ellos "accesos indebidos" a la base de datos de Hacienda. Es decir se les imputa haber dispuesto de datos confidenciales sobre contribuyentes sin tener autorización para ello. En relación con esto, un informe interno de la Agencia Tributaria fechado en noviembre de 1997, ya señalaba que "los actuarios mencionados no acceden de manera sistemática a los expedientes que informan, sino que centran su atención en determinados de ellos, soliendo coincidir con los de personalidades más relevantes".

El otro inspector expedientado, Alfredo Pérez Lodares, trabaja actualmente en la Oficina Nacional de Inspección y fue hasta 1996 jefe regional de Inspección de la Comunidad Valenciana. Con la llegada del PP al Gobierno fue nombrado Delegado Especial de Hacienda en la comunidad de Castilla-La Mancha hasta 1998, momento en el que volvió a Valencia.

Conversación telefónica

En su caso el expediente se abre, conjuntamente con el de Mariano Navarro Rubio, por faltar al deber de custodia de documentos públicos. Lo que, dicho de otra forma, implica imputarles la filtración intencionada de documentos sobre contribuyentes determinados.

En este caso, el detonante es una conversación telefónica interceptada por la Policía en el curso de la investigación dirigida por el juzgado 38 de Madrid a raíz de la denuncia de Juan Abelló.

En esa conversación, Navarro Rubio le recordaba a Pérez Lodares unos informes sobre diferentes empresas que él mismo le habría entregado en un "maletín negro". Según la transcripción del diálogo, el inspector de Valencia negó saber a qué informes se refería Navarro Rubio. Pérez Lodares fue llamado a declarar en su momento por la Policía, sin que se produjeran actuaciones contra él.

La inclusión de Pérez Lodares en el grupo de expedientados indica que los responsables de la Agencia Tributaria se inclinan por la hipótesis de que el grupo implicado en las irregularidades podría tener ramificaciones fuera de la zona de Madrid, en la que se encontraba la sede operativa de la Unidad de Estudios Económicos y Sectoriales.

También pone en entredicho las manifestaciones realizadas en su día por el ministro de Economía y vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, quien tras conocerse la detención de Mariano Navarro-Rubio aseguró que se trataba de un "hecho concreto" y negó la posibilidad de que existiera una trama.

La Unidad de Estudios Económicos se convirtió en una fábrica de informes al servicio de una red de extorsión

Los informes elaborados por la disuelta Unidad de Estudios Económicos y Sectoriales han sido durante estos últimos años la munición utilizada por una red de extorsión a importantes empresarios. Éste fue el caso de Juan Abelló, que denunció en los juzgados que un editor llamado Juan Muñoz, propietario de Confidencial 2000 le pidió 20 millones a cambio de no divulgar un informe fiscal sobre él. Araíz de esa denuncia se inició la investigación que acabó con la disolución de la Unidad y la detención de uno de sus miembros, Mariano Navarro Rubio.El informe sobre Abelló llevaba la firma de José María Sánchez Cortés, otro de los miembros del grupo sancionado que trabajó en la Delegación del Gobierno en Campsa (hoy CLH, distribuidora de productos petrolíferos). Sánchez Cortés, según Hacienda, fue denunciado por mantener negocios relacionados con actividades en las que actuaba en funciones de inspección.

La investigación del juzgado 38 de Madrid puso de manifiesto que la lista de informes que elaboraba la citada unidad y que circulaban libremente abarcaba, entre otros, a todos los despachos de abogados de España con cierta importancia, especialmente uno referido al despacho catalán Cuatrecasas o empresas del sector funerario como Funespaña. Algunos de los dosieres, como el de Abelló, también le fue ofrecido al ex banquero Mario Conde.

La investigación interna de Hacienda también puso de manifiesto que varios de los inspectores, como el ya mencionado Sánchez Cortés o Juan José Sánchez Diezma, incurrían en incompatibilidades; que las inspecciones se centraban exclusivamente sobre determinadas personas de relieve; que se realizaban actuaciones para las que no se tenía competencia; que algunos de ellos utlizaban su clave para asegurarse de que sus parientes no estaban sometidos a inspección y, en general, el incumplimiento del deber de confidencial exigible a un funcionario de la Inspección de Hacienda.