Hacienda expedienta a siete inspectores al encontrar indicios de actuaciones corruptas

Hacienda abrió ayer siete expedientes por supuestas faltas muy graves a otros tantos funcionarios de la inspección (cinco inspectores y dos subinspectores) en Madrid y Valencia. Seis de ellos formaron parte de la Unidad de Estudios Económicos y Sectoriales, un grupo especial dedicado a generar informes sectoriales que fue disuelto el pasado abril al sospechar que se estaban produciendo prácticas corruptas. Los expedientes se producen tras una investigación judicial que ha descubierto una red de extorsión a empresarios con documentos elaborados con información extraída de esa unidad.

Entre los expedientados por la Agencia Tributaria figuran los inspectores Mariano Navarro-Rubio, José María Sánchez Cortés, Juan José Sánchez Diezma y Francisco Villar. Todos ellos formaron parte de la Unidad de Estudios Económicos y Sectoriales. Además figuran dos subinspectores que trabajaban en la citda unidad especial y el inspector Alfredo Pérez Lodares.En el caso de Navarro-Rubio, hijo del que fue ministro de Hacienda franquista del mismo nombre, este es el segundo expediente que se le abre, tras ser detenido en junio pasado por orden de la juez Inmaculada Melero Claudia, titular del juzgado de instrucción número 38 de Madrid, que le imputó los supuestos delitos de extorsión, amenazas y divulgación de secreto. En este caso, se le imputó haber utilizado un informe de la Unidad para extorsionar al empresario Juan Abelló elaborado por otro de los expedientados, el inspector José María Sánchez Cortés.

El expediente abierto por Hacienda les atribuye a todos ellos "accesos indebidos" a la base de datos de Hacienda. Es decir se les imputa haber dispuesto de datos confidenciales sobre contribuyentes sin tener autorización para ello. En relación con esto, un informe interno de la Agencia Tributaria fechado en noviembre de 1997, ya señalaba que "los actuarios mencionados no acceden de manera sistemática a los expedientes que informan, sino que centran su atención en determinados de ellos, soliendo coincidir con los de personalidades más relevantes".

El otro inspector expedientado, Alfredo Pérez Lodares, trabaja actualmente en la Oficina Nacional de Inspección y fue hasta 1996 jefe regional de Inspección de la Comunidad Valenciana. Con la llegada del PP al Gobierno fue nombrado Delegado Especial de Hacienda en la comunidad de Castilla-La Mancha hasta 1998, momento en el que volvió a Valencia.

Conversación telefónica

En su caso el expediente se abre, conjuntamente con el de Mariano Navarro Rubio, por faltar al deber de custodia de documentos públicos. Lo que, dicho de otra forma, implica imputarles la filtración intencionada de documentos sobre contribuyentes determinados.

En este caso, el detonante es una conversación telefónica interceptada por la Policía en el curso de la investigación dirigida por el juzgado 38 de Madrid a raíz de la denuncia de Juan Abelló.

En esa conversación, Navarro Rubio le recordaba a Pérez Lodares unos informes sobre diferentes empresas que él mismo le habría entregado en un "maletín negro". Según la transcripción del diálogo, el inspector de Valencia negó saber a qué informes se refería Navarro Rubio. Pérez Lodares fue llamado a declarar en su momento por la Policía, sin que se produjeran actuaciones contra él.

La inclusión de Pérez Lodares en el grupo de expedientados indica que los responsables de la Agencia Tributaria se inclinan por la hipótesis de que el grupo implicado en las irregularidades podría tener ramificaciones fuera de la zona de Madrid, en la que se encontraba la sede operativa de la Unidad de Estudios Económicos y Sectoriales.

También pone en entredicho las manifestaciones realizadas en su día por el ministro de Economía y vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, quien tras conocerse la detención de Mariano Navarro-Rubio aseguró que se trataba de un "hecho concreto" y negó la posibilidad de que existiera una trama.