El Defensor del Pueblo denuncia la grave desatención pública a los ancianos

Casi seis millones y medio de españoles tienen más de 65 años. Son más del 16% de la población, pero no cuentan demasiado. Han sido relegados por las leyes, y los servicios sociales que los atienden son insuficientes y no están adaptados a sus necesidades sanitarias. Son las conclusiones de un informe del Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, entregado ayer al Congreso de los Diputados, que pide cambios legales y la intervención de cuatro ministerios para garantizar la correcta atención médica y social de este colectivo. El coste del esfuerzo sería de 326.712 millones hasta el 2006.

El "reto" es cumplir con las necesidades de los ancianos, sobre todo de aquellos que necesitan ayuda para su vida cotidiana. Este grupo, que se acerca ya al millón de personas, es cuidado sobre todo por sus familiares (en un 86,5% de los casos).Para evitar esta situación y garantizar una mayor autonomía de los mayores, el Defensor recomienda el incremento de los servicios sociales dirigidos a ellos, su perfeccionamiento y una mejor coordinación de éstos con el sistema sanitario.

Un informe de 471 páginas de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y de la Asociación Multidisciplinaria de Gerontología ha servido de base. El "objetivo razonable" es acercar a España a la media europea en esta materia. Esto exige un esfuerzo importante, ya que las prestaciones actuales no cumplen siquiera los objetivos del Plan Gerontológico, aprobado en 1992 y vigente hasta el 2000.

Así, sólo 120.000 mayores reciben en la actualidad ayuda a domicilio (1,8% de ese grupo), cuando la media europea se sitúa en el 4% y el Plan Gerontológico aspiraba a un 8%. Lo mismo ocurre con los servicios de teleasistencia (60.000 beneficiarios), que mantienen conectado al mayor con un centro de referencia, o las estancias de día, a medio camino entre las residencias y la asistencia a domicilio. El caso de las residencias es diferente. No sólo faltan plazas, sino que las que hay están mal concebidas, ya que la mayoría no están preparadas para mayores dependientes.

111.000 nuevos puestos

Con el horizonte puesto en el 2006, el desafío lanzado por el informe exige un esfuerzo de 326.712 millones de pesetas para garantizar la atención a domicilio de otros 240.970 mayores; 88.888 nuevos usuarios de teleasistencia; 75.113 nuevas plazas en los centros de día y otras 50.431 en residencia. De esos servicios se beneficiarían más de 450.000 mayores y supondrían la creación de 111.063 nuevos puestos de trabajo. Si se restan las prestaciones por desempleo que dejarían de cobrar estos trabajadores y lo que pagaría el mayor por la atención recibida, el ambicioso plan exigiría 115.335 millones de pesetas de los presupuestos generales.El informe se ha hecho público una semana después de que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reconociera las carencias en el área de los recursos sociales para este colectivo. Su propuesta, menos ambiciosa y de la que aún no se conoce ni el coste ni la fecha, implica la creación de 30.000 nuevas plazas en residencias, 120.000 nuevos beneficiarios de programas de ayuda a domicilio y otros 90.000 de teleasistencia.

Las preocupaciones del Defensor, que surgen de un "número significativo de quejas", no son sólo materiales. Una de sus recomendaciones implica una reforma penal para dar una protección específica a este grupo, como ya está recogido para los niños. En este sentido propone que la vejez de la víctima de cualquier delito sea considerada un agravante.

Además, el informe pide una regulación más clara del internamiento forzoso en centros geriátricos, para que se tenga en cuenta, si es posible, la voluntad del mayor, así como sus derechos, para lo que sería necesario modificar el Código Civil.

Algunas de las medidas propuestas ya han sido aprobadas, como los permisos y excedencias para cuidar a un familiar, previstos en la ley de conciliación de la vida familiar y laboral impulsada por el Gobierno este mismo año.

El Defensor ha formulado 11 recomendaciones, dirigidas a los ministerios de Sanidad y Consumo; Trabajo y Asuntos Sociales; Justicia y Educación y Cultura, para coordinar y reforzar la atención que hoy reciben los mayores de 65 años.

Con este informe, que ayer fue entregado al vicepresidente del Congreso de los Diputados, Enrique Fernández-Miranda, junto a otros dos -sobre violencia escolar y residuos urbanos-, el Defensor del Pueblo se despide del cargo. Hasta que el Parlamento elija a su sucesor permanecerá en funciones su adjunto primero, Antonio Rovira.