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El Gobierno ordena el cierre de otras dos residencias privadas

La Consejería de Servicios Sociales ha resuelto suspender la actividad que desarrollaban dos chalés de Sevilla la Nueva y Paracuellos del Jarama como residencias de ancianos de titularidad privada. Ambos centros carecían de la autorización administrativa necesaria para la atención de mayores y no reunían las medidas higiénico-sanitarias establecidas en las normas, según explicó ayer un portavoz de Servicios Sociales a este periódico.Esas faltas descubiertas han conducido a la Comunidad de Madrid a decretar la suspensión de la actividad en los dos centros privados tan sólo una semana después de que ordenara el cierre de la residencia Virgen de la Oliva de Aravaca.

La denuncia contra ambos centros, supuestamente piratas, partió de la Asociación Madrileña de Residencias de la Tercera Edad, la patronal privada del sector.

La Consejería de Servicios Sociales ha optado incluso por denunciar ante el juez la falta de colaboración de los dueños del centro, situado en Paracuellos del Jarama, conocido como Los Berrocales, que se han negado por dos veces a interrumpir su actividad y a entregar una lista de los ancianos, tal y como se lo había indicado la Administración regional. "Hemos pedido que nos informen sobre la identidad y direcciones de todos los ingresados para comunicar a sus familias que los trasladen a otros establecimientos por estar en un centro ilegal, pero no nos han hecho caso a los requerimientos", indicó ayer un responsable de la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

La orden de clausura afectará directamente a los 30 ancianos que eran atendidos en las dos residencias privadas de Paracuellos y Sevilla la Nueva, según explicó Juan Antonio Moya, presidente de la patronal de residencias privadas.

El centro de Sevilla la Nueva, cuyo nombre es Valle del Sol, abrió sus puertas hace sólo un año. La semana pasada, la Comunidad de Madrid comunicó a sus propietarios que el expediente abierto había desembocado en la orden de clausura de la actividad.

Las personas que dirigen esa residencia y el médico que atiende a los ancianos que viven en ella son los mismos que regentaban un centro en el pueblo toledano de Calipo.

Las autoridades de Castilla-La Mancha investigaron la residencia de Calipo después de que varios antiguos trabajadores denunciarán que se maltrataba a los ancianos. En el expediente abierto por la Consejería de Integración Social a la residencia de Valle del Sol no figuran denuncias de malos tratos contra los ancianos.

La Asociación de Residencias Privadas denunció ayer que aún quedan un centenar de residencias ilegales en la Comunidad de Madrid. Se instalan en pisos y chalés y atienden a un número muy reducido de ancianos. "A veces, la ilegalidad es meramente administrativa, pero en otras ocasiones los ancianos viven en malas condiciones", indicó Juan Antonio Moya.

El responsable de sanidad privada de UGT denunció ayer que "a causa del envejecimiento de la población surgen cada vez más centros ilegales en los que además trabajan como asistentes técnicos sanitarios personas que carecen de los títulos correspondientes".

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