El Gobierno "invitó" a 304 etarras exiliados a volver a España y envió a dos emisarios a México y Venezuela

El alto el fuego unilateral anunciado por ETA el 16 de septiembre fue aprovechado por el Gobierno para mantener contactos con miembros de la organización terrorista exiliados, antiguos militantes o colaboradores de la banda sin delitos de sangre, para invitarles a volver a España, haciendo la vista gorda en las investigaciones que tenían pendientes por asuntos menores. La oferta había sido hecha pública en mayo por el Ejecutivo, que la extendió a un total de 304 exiliados.El Ministerio del Interior envió entre mayo y junio pasados a dos altos funcionarios para entrevistarse con unos 50 militantes de la organización domiciliados en México y Venezuela y que tenían parte de su condena pendiente o se encontraban encartados en investigaciones policiales. Según notificó entonces Interior, el 85% de los consultados se mostró dispuesto al volver en el caso de que el Gobierno cumpliera su promesa de pasar por alto sus deudas con la justicia y renunciaba a investigarles.

Los dos emisarios, cumpliendo mandato directo de presidencia del Gobierno, tenían la intención de entrevistarse con el resto del colectivo exiliado en distintos países americanos, formado por unos 300 residentes en Uruguay, Cuba, República Dominicana y Nicaragua, principalmente.

Campaña de visitas

La campaña de visitas, que se inició a principios del mes de mayo y que teóricamente concluyó en agosto, era parte de la iniciativa anunciada por Josep Piqué el 7 de mayo, cuando el ministro portavoz informó de que 304 etarras huidos que tuvieron algún tipo de vinculación con ETA y que en ese momento no tenían pendientes causas, podían volver libremente a España. Entonces se facilitaron dos números de teléfono para que los refugiados, sus familiares o sus abogados pudieran conocer de forma confidencial cuál era exactamente la situación legal de los afectados. De igual forma, se les ofreció la posibilidad de dirigirse a las embajadas o consulados españoles en los países de residencia para solicitar asesoramiento jurídico.Los dos emisarios del Gobierno tenían como objetivo avanzar sobre el terreno en la línea anunciada por Piqué. No obstante, apenas un mes después de la tregua, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, ya había invitado al regreso del colectivo repartido por Centroamérica y Suramérica: "Creo que hay personas que no tienen causas pendientes con la justicia y yo soy el primero que les animo a que vengan".

Agentes del Cesid ya intentaron en el verano de 1998 una gestión similar ante el colectivo etarra, pero el resultado obtenido por estos dos funcionarios fue contrario al perseguido, ya que los etarras se sintieron acosados y presionados. La misión de los dos últimos emisarios, seguida muy de cerca por Presidencia del Gobierno y ejecutada con permiso de los Gobiernos de los países que han visitado, ha tenido un desarrollo más cordial.

La oferta no llegó a algunos de los exiliados, ya que en noviembre de 1998, un par de meses después de la declaración de tregua, 10 fugitivos que hasta entonces residían en Venezuela y Uruguay se presentaron públicamente en Francia para exigir que se aclarase su situación personal y legal.