El agua de todos

EN UN país como España, sometido a un régimen pluviométrico extremadamente irregular, con zonas excedentarias de agua y otras gravemente deficitarias, todo lo referente al líquido elemento tiene un efecto social considerable. Se trata de un bien globalmente escaso, necesitado cada vez más de un uso racional, eficiente y accesible a todos sus potenciales consumidores. A ello intenta responder la nueva Ley de Aguas que acaba de aprobar definitivamente el Parlamento, en sustitución de la de 1985. Su aprobación debería servir para poner en marcha el Plan Hidrológico, indispensable para regular la disponibilidad de recursos entre las diversas cuencas, pero aparentemente postergado por el Partido Popular desde su llegada al poder, en 1996.La nueva ley no cuestiona el carácter de recurso de dominio público del agua. Parte de este principio para introducir una serie de mecanismos que faciliten su acceso a todos, en igualdad de condiciones y sin privilegios. El más novedoso, al tiempo que controvertido, es el establecimiento de un mercado regulado de agua que permita la venta temporal de los derechos concesionales entre unos usuarios y otros. Esta compraventa de excedentes de agua entre particulares, sometida a tutela administrativa, cuenta con el rechazo de los socialistas, que han anunciado su supresión si ganan las próximas elecciones. Existe, desde luego, el riesgo de que los avispados de siempre intenten hacer negocio al amparo de concesiones administrativas, pero, en principio, parece razonable que una medida así contribuya a flexibilizar la cesión de agua en tiempos de sequía y a evitar su despilfarro. En todo caso, que las compañías hidroeléctricas, poseedoras de los derechos sobre los grandes embalses, hayan sido excluidas de ese mercado constituye un éxito de la oposición frente a los iniciales propósitos del Gobierno.

De la oposición es también la idea, acogida por la mayoría, de posibilitar la creación de bancos de agua o "centros de intercambios de derechos de uso", previa aprobación por el Consejo de Ministros, para resolver o paliar los problemas de abastecimiento en tiempos de sequía. No cabe duda de que estas transferencias, debidamente gestionadas por las autoridades, van en la línea de la solidaridad y la racionalidad. La nueva ley contiene otros aspectos positivos, como la obligación de instalar contadores individuales para medir todo tipo de consumos, y recoge muchas de las inquietudes medioambientales asumidas por la sociedad, como una más amplia aplicación del principio "quien contamina paga". Pero, en buena medida, el éxito de la ley dependerá de la capacidad de los poderes públicos para hacerla cumplir y evitar que los resquicios abiertos en la liberalización de uso del agua sean puerta de entrada del trapicheo y la corruptela.