Vera se apropió de 255 millones para adquirir y mejorar diferentes inmuebles, según el fiscal

El ex alto cargo del Ministerio del Interior Rafael Vera, contando con la anuencia de los entonces ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera, se apropió, durante el periodo en que fue subsecretario, director de la Seguridad del Estado y secretario de Estado para la Seguridad, de al menos 255.197.979 pesetas, procedentes de la cuenta del Banco de España en la que estaban los fondos reservados y que él mismo administraba, según el escrito de acusación presentado ayer por la Fiscalía Anticorrupción. El dinero lo utilizó en la adquisición y mejora de diferentes inmuebles.

Vera, para el que el fiscal solicita una pena de ocho años de prisión y veinte de inhabilitación absoluta, está acusado de un delito continuado de malversación de caudales públicos.El fiscal solicita la pena conjuntamente, si bien en su relato de hechos describe que Vera tuvo a su cargo la distribución de los fondos reservados del Ministerio del Interior desde el 11 de enero de 1983 hasta su cese y cuenta cómo se apropió de 255 millones para su propio beneficio.

El escrito del fiscal destaca que Vera, condenado en 1998 por un delito de malversación de fondos públicos en el caso Marey, acordó con Barrionuevo que parte de los fondos reservados asignados a Interior "debían destinarse a incrementar las retribuciones de algunos altos cargos del Ministerio, de especial relevancia y responsabilidad en la lucha antiterrorista". Los altos cargos beneficiados eran él mismo, los directores generales de la Policía y de la Guardia Civil, y determinados gobernadores civiles del País Vasco y Navarra.

En aquel momento, Vera entregó a Julián Sancristóbal, con el que luego compartiría las facultades de disposición de la cuenta de los fondos, un total de 21 millones, a razón de siete millones por cada año que fue gobernador de Vizcaya. El ex alto cargo también entregó cantidades similares a Luis Roldán y Juan Ignacio López, por su etapa de gobernadores civiles.

Posteriormente entregó a los directores de la Guardia Civil y de la Policía, Luis Roldán y José María Rodríguez Colorado, respectivamente, cantidades del orden de 11,5 y 15 millones de fondos reservados para usos propios, pero además, a partir de 1987 entregó otras partidas con indicación de que las incorporasen a sus patrimonios personales.

Reparto de indemnizaciones

En enero de 1990 hubo una reunión en el restaurante El Cenador de Salvador, en la localidad madrileña de Moralzarzal, a la que asistieron Corcuera, Vera, Roldán y Rodríguez Colorado. Allí acordaron el reparto de lo que denominaron una indemnización que les resarciera de un futuro cese en el cargo. Vera, en ejecución del acuerdo, comenzó a remitir mensualmente, aparte de los cheques de gastos habituales, otros talones por importe de cinco millones con la expresa indicación de que eran de libre disposición para ambos funcionarios. A partir de diciembre de 1991, la cantidad remitida se eleva a 10 millones mensuales.Con el fin de ocultar la verdadera titularidad de los bienes que había adquirido con los fondos reservados que se había apropiado, Vera, según el fiscal, se sirvió de su suegro, Enrique Esquiva, para que figurara como comprador y titular formal. Éste no tenía recursos económicos necesarios para adquirirlos.

Según el fiscal, Vera financió con fondos reservados la compra de una finca urbana en La Berzosilla, en el término municipal de Torrelodones, con una extensión de 4.977 metros cuadrados y un edificio compuesto de tres viviendas contiguas de 375 metros cuadrados. Esta finca es el domicilio habitual de Rafael Vera y, en los años siguientes, se le añadieron otras dos fincas colindantes, de 2.000 y 2.300 metros cuadrados. El precio pagado por estas fincas fue de al menos 81 millones de pesetas.

También a nombre de su suegro, el ex secretario de Estado adquirió una finca rústica de 627 hectáreas en los terminos de Alpera e Higueruela (Albacete). Vera pagó por ella al menos 105 millones y entre 1990 y 1993 se realizaron ingresos en la caja de explotación de la finca por importe de 68 millones.

El fiscal ha interesado el embargo de ambas fincas.