El fiscal acusa a Cuevas y al alcalde de Chipiona de cohecho y tráfico de influencias en el "caso Sanlúcar"

El fiscal del caso Sanlúcar, por el presunto intento de soborno a un concejal del Partido Popular, pidió ayer la imputación del ex alcalde de la citada población Agustín Cuevas y el actual primer edil de Chipiona, el socialista Luis Mario Aparcero, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. También considera culpables de este último delito al ex secretario de Organización del PSOE de Sanlúcar Rafael García Raposo y al constructor Rafael Ávila. El Ministerio Público no presentó ningún cargo contra el edil que denunció el presunto soborno, Manuel Rodríguez, y otros tres encausados.

Todos los imputados, hasta ahora, por el caso Sanlúcar comparecieron ayer en una sola sesión ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad, Sergio Escalona, para escuchar de boca de las acusaciones particulares, las defensas y el fiscal los delitos de los que se les acusa. El denunciante, Manuel Ramírez Cunete, y los denunciados se vieron las caras por espacio de más de dos horas ante el magistrado, quien, tras escuchar a todas las partes, tendrá que dictar ahora un nuevo auto para determinar los cargos existentes contra cada uno de los presuntos implicados.Para el fiscal del caso existen claros indicios de delitos en el comportamiento de los políticos Agustín Cuevas, Luis Mario Aparcero y Rafael García Raposo, y del empresario de la construcción Rafael Ávila; mientras que no aprecia hechos constitutivos de falta alguna entre los otros cuatro imputados en el primer auto judicial. Las acusaciones particulares del PSOE e IU, sin embargo, sí pidieron la imputación del concejal del PP al entender que pudo cometer "inducción al delito".

La defensa del concejal popular, representada ahora por el abogado jerezano Juan Pedro Cosano, solicitó que se añadiera la presunta prevaricación a los delitos que el fiscal imputa al alcalde de Chipiona, quien supuestamente habría firmado un contrato de trabajo municipal en blanco en cuanto al cometido pero a nombre de Manuel Ramírez. Las penas para este tipo delito van desde multas de diversa cuantía hasta los seis años de prisión.

Libres de sospecha

Fernando Moreno Rodríguez, cuñado de García Raposo y propietario de la tienda de cocinas donde supuestamente cerraron el acuerdo el ex dirigente socialista y Ramírez, ha quedado libre de imputaciones, al no haber sido inculpado por ninguna de las partes representadas. Tampoco están imputados los propietarios del grupo inmobiliario Zafiro, Fernando Moreno Ollero y Manuel Rodríguez, que según García Raposo le habían ayudado a juntar dinero para el soborno, en concreto un talón bancario del Banco de Santander de cinco millones de pesetas.

El presunto soborno buscaba que el concejal popular no apoyara la moción de censura contra Cuevas -que finalmente ganó la coalición entre PP y los andalucistas, el 19 de octubre- y se pasara al grupo mixto, a cambio de 50 millones de pesetas, un puesto de trabajo fijo y un viaje a Portugal.

El alcalde de Chipiona insistió ayer en su inocencia y volvió a denunciar una conspiración política del PP contra su persona para arrebatarle el puesto. Según Aparcero, los populares están repartiendo por los buzones de Chipiona panfletos en los que se le relaciona con el caso Sanlúcar. El mandatario socialista negó nuevamente haber firmado un contrato en blanco para Ramírez y llamó la atención sobre la firma del concejal que aparece en ese documento. "Todos hablan de mi firma, pero nadie se ha dado cuenta de que la de Manuel Ramírez no es la que él usa habitualmente", declaró ante los medios de comunicación.

Por su parte, el ex secretario de Organización del PSOE de Sanlúcar de Barrameda apenas realizó declaraciones y se limitó a emplazar a los periodistas al "día del juicio" para conocer lo que sucedió realmente.

Tanto las acusaciones como los abogados defensores solicitaron nuevas diligencias que puedan arrojar más luz sobre los hechos. El abogado del alcalde de Chipiona, Jesús Rodríguez, pidió al juez un careo entre su defendido y Ramírez.

Otras de las diligencias que el magistrado podría autorizar son la declaración de los empleados del cámping donde supuestamente se reunieron Aparcero, Cuevas y Ramírez, o la relación de llamadas efectuadas desde los teléfonos del concejal del PP y de García Raposo durante los días en que presuntamente negociaban el intento de soborno para evitar la caída del entonces alcalde socialista. El PSOE de Cádiz no quiso ayer valorar las imputaciones.