El PP se abstiene en la votación del articulado de la Ley de Extranjería que pretende cambiar

El Pleno del Congreso aprobó ayer casi por unanimidad el dictamen de la nueva Ley de Extranjería, tras un corto debate en el que la oposición acusó al PP y al Gobierno de torpedear el espíritu de consenso que ha presidido la tramitación del texto en comisión. Los populares se abstuvieron en la votación por separado de una treintena de artículos de la ley, justo aquellos que pretende modificar en el Senado. El PP quiere limitar la equiparación en derechos con los españoles a los extranjeros que residan legalmente en España y suprimir las disposiciones que considera que fomentan la entrada ilegal de inmigrantes.

El portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes, dejó claro que su partido pretende modificar en el Senado los aspectos que cree "insatisfactoriamente resueltos" y "suprimir determinadas disposiciones incentivadoras de la entrada ilegal de extranjeros en España". Entre esos aspectos están "la extensión de derechos socioeconómicos a situaciones de ilegalidad, el automatismo que se quiere imponer en la mayor parte de las decisiones y la institucionalización de un mecanismo permanente de legalización".Estos aspectos de la proposición de ley, junto a la "difuminación de los límites de legalidad e ilegalidad", contribuirán a "incentivar flujos no sólo excesivos, sino perjudiciales" de inmigrantes. De Grandes insistió en que la equiparación de derechos entre españoles y extranjeros debe limitarse a los residentes legales, aunque garantizando "el respeto a los derechos fundamentales y las prestaciones asistenciales humanitarias en casos de urgencia y necesidad".

De Grandes reclamó la votación por separado de la treintena de artículos que pretende modificar en el Senado -la espina dorsal del texto- porque no los considera acordes a las previsiones sobre inmigración fijadas en la cumbre de Tampere (Finlandia). El PP está especialmente en contra de que se dé de forma automática la residencia temporal a los extranjeros que acrediten llevar dos años en España y de la regularización extraordinaria de inmigrantes que preveía la norma. No obstante, votó a favor del global de la ley, que recibió 324 síes y una abstención.

Sin embargo, las invocaciones del Gobierno a lo firmado en Tampere chocan con las declaraciones realizadas ayer, y recogidas por la Cadena SER, del portavoz del comisario de Interior y Justicia de la UE, quien señaló que los acuerdos de Tampere recogen aspectos globales que no impiden que "cada país siga haciendo su política de Interior de forma soberana".

Previamente, el Congreso rechazó todas las enmiendas que se mantenían vivas (de IU, PSOE, Nueva Izquierda e Iniciativa per Catalunya-Verds), ya que el representante de Coalición Canaria (CC), Luis Mardones, retiró las suyas y se puso del lado del partido del Gobierno para modificar el texto en el Senado. Sin embargo, el portavoz de CC en el Congreso, José Carlos Mauricio, defendió la actual redacción y reconoció discrepancias dentro de su partido.

Matilde Fernández, ponente de la ley por el PSOE, negó los argumentos del PP de que el texto no respeta el espíritu europeo y de que la equiparación de derechos de los extranjeros resulta cara. "La extensión de la asistencia sanitaria costaría 5.000 millones, pero los inmigrantes aportan mucho más que lo que les llega", agregó.

Mercé Rivadulla, de IC, acusó al Ejecutivo de fomentar "la crispación y el miedo" con sus peticiones públicas para modificar el texto. Pablo Castellano (IU) advirtió de que no apoyará la ley cuando vuelva al Congreso para su ratificación "si se vacía de contenido".

El debate de la ley concitó ayer todo tipo de reacciones. El ministro de Defensa, Eduardo Serra, pidió en Melilla, una de las ciudades con mayor presión migratoria, que "no se hagan experimentos" con la inmigración y que la ley final sea "especialmente pensada y madurada", informa Miguel González.

Por su lado, las 60 ONG integradas en la Plataforma por la Convivencia mantendrán las movilizaciones que han anunciado durante la tramitación de la ley en la Cámara alta. Jueces para la Democracia exigió el mantenimiento de la actual redacción e instó al PP a que respete los acuerdos alcanzados en la Comisión Constitucional.