El Consell se escuda en el juzgado y las auditorías

El Consell ha rechazado cualquier tipo de responsabilidad política en torno al quebranto financiero destapado en el Ivex y se ha querellado contra el ex director general de la entidad por un presunto delito societario. Las advertencias recogidas en los sucesivos informes de la Sindicatura de Comptes y la falta de atención a los mismas fueron desestimadas ayer por Alicia de Miguel, portavoz del Consell, que reiteró la doctrina oficial. Las auditorías de la empresa pública correspondientes a los ejercicios de 1996 y 1997 fueron "limpias", según De Miguel, quien recordó que los informes de la Sindicatura de Comptes fueron sometidos a las Cortes y fueron aprobados sin mayores problemas. De Miguel afirmó, además, que "no hubo problemas de riesgo financiero para el Ivex".

"Los ciudadanos están tranquilos", afirmó De Miguel, porque, "como se ha visto en el caso del Ivex, saben que en cuanto se detectan presuntas irregularidades en alguna entidad dependiente del gobierno, se ponen en manos de la autoridad judicial competente, que es la que tiene que decidir y dictaminar". La versión oficial se sintetiza en una frase: "Se han detectado presuntas irregularidades que podrían suponer un daño financiero [para el Ivex] y, tras consultar con los abogados, se han puesto en manos de la autoridad judicial".

Interrogada sobre una reciente misión del Ivex a Túnez para intentar relanzar el contrato firmado con Ford en 1995, la portavoz hizo oídos sordos y reiteró: "Todo el asunto está en manos de la autoridad judicial". De Miguel se aferró a la misma respuesta cuando fue interpelada sobre el actual paradero de José María Tabares, ex director del Ivex.

La portavoz aseguró que el Consell ha difundido toda la información de que dispone hasta la fecha y remitió a una futura comparecencia ante las Cortes del actual responsable de la Consejería de Industria, Fernando Castelló, para aclarar el caso.