Todos los municipios con más de 5.000 vecinos tendrán que separar la basura antes del 2001
Las tasas de recogida subirán un 10% para financiar el Plan Nacional de Residuos Urbanos
A partir de enero del 2001 todos los vecinos de poblaciones con más de 5.000 habitantes deberán depositar su basura en bolsas separadas por exigencia del Plan Nacional de Residuos Urbanos aprobado ayer por los gobiernos autonómicos y central. La aplicación del plan, con un coste de medio billón de pesetas y financiado en buena parte con fondos europeos, repercutirá en los usuarios a través de las tasas de basura, que sufrirán un incremento del 10%, según cálculos de varias comunidades. El Plan se va a elevar al Consejo de Ministros para que pueda entrar en vigor en enero próximo.
La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, no quiso evaluar las repercusiones de la aplicación del Plan en las tasas de la basura, porque es una cuestión que excede las competencias del ministerio. Dijo que su departamento no puede imponer esa subida, pues es competencia de las autonomías arbitrar los procedimientos para cumplir el Plan, así como la aplicación de las tarifas.José Luis Blanco, consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con siete millones de habitantes, la comunidad más poblada de España, afirmó que la implantación del Plan de Residuos Sólidos Urbanos supondrá un incremento del 10% en las actuales tarifas de basura, y, en los ayuntamientos donde no existan, habrá que aplicarlas, aunque se resistan los alcaldes.
La ministra es partidaria de la medida, ya que el coste para las administraciones será "cero". "Es saludable", dijo, tras recordar que muchos municipios europeos adelantados en la recogida selectiva de la basura doméstica aplican a los vecinos y usuarios tarifas distintas en función del volumen y el peso de la basura que depositan en la calle.
Las inversiones iniciales, que son las más costosas por tratarse de grandes infraestructuras como las estaciones de transferencia de residuos, el sellado de vertederos o el cierre de las incineradoras que no cumplen las exigencias comunitarias, correrán por cuenta de la Unión Europea en un 70% u 80% de su coste. El resto y los costes de mantenimiento lo pagarán los usuarios con arreglo al principio de que "quien contamina paga".
Medio billón
El Ministerio de Medio Ambiente calcula que durante los siete años de vigencia del plan serán necesarios 551.000 millones de pesetas. Esa cantidad será aportada básicamente por los Fondos de Cohesión y el Plan de Desarrollo Regional que se ha elevado a Bruselas para su aprobación.La ministra se comprometió a financiar con estos fondos el 100% del coste de la asistencia técnica de todos los proyectos que presenten las comunidades autónomas, siempre que cumplan los requisitos del Plan. Para tal fin su departamento elaborará una guía con los criterios que deben cumplir esos proyectos.
Tocino animó a que las entidades autonómicas se apresuren a presentar proyectos "elegibles para ser financiados", porque el plazo para acogerse a estas subvenciones tiene una fecha de caducidad sin marcha atrás: el 2006, año que la Unión Europea ha señalado para acabar con los Fondos de Cohesión. Para entonces todos los proyectos subvencionables tendrán que estar ejecutados. De lo contrario se perderá toda posibilidad de financiación.
El cuarto y definitivo borrador del Plan aprobado ayer en la Conferencia Sectorial será el mismo que eleve el ministerio al Consejo de Ministros para su ratificación. La ministra Isabel Tocino confía en que se apruebe antes de las navidades, ya que está previsto que entre en vigor el primer día de enero del 2000.
Las líneas básicas giran en torno a dos objetivos generales: la reducción del 10% de los residuos de envases antes del 30 de junio del 2001 y una disminución del 6% en la generación de los residuos generados por habitante en ese mismo año con respecto al año 1996, cuando era de 1,2 kilos por habitante al día.
- Tipos de residuos. Todos los residuos y desechos urbanos generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios están afectados, así como los que no tengan la consideración de peligrosos. Se incluyen los procedentes de la limpieza de las vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas; productos textiles y residuos de madera, aceites y grasas vegetales. Tendrán una consideración específica las colas, pinturas, insecticidas, aceites minerales domésticos, aditivos y fluidos de automoción, medicamentos y residuos eléctricos y electrónicos. Igualmente requerirán soluciones específicas las pilas y acumuladores, vehículos y neumáticos fuera de uso, escombros de la construcción, despojos de animales procedentes de mataderos, muebles y enseres domésticos usados, barros y lodos de depuradoras.
- Reutilización de envases. El Plan apuesta por la conveniencia de que la mayor parte de los productos se envasen en materiales que puedan reutilizarse 10 veces o más, y que vayan a ser consumidos en un radio de unos 300 kilómetros alrededor del centro o punto de envasado. El objetivo es implantar un contenedor de vidrio y otro de papel-cartón por cada 500 habitantes en todos los municipios españoles para el año 2006.
- Compostaje. Una parte importante de los residuos que se arrojan a los vertederos es materia orgánica de la que se puede sacar partido para usos agronómicos o forestales. Por el contrario, el 50% de los materiales que entran en las plantas de compostaje para su aprovechamiento enérgetico o como abono son de rechazo o deberían serlo.
- Cierre de vertederos. Casi la mitad de los vertederos de los 8.000 municipios españoles están abocados al cierre porque no reúnen las condiciones mínimas de salubridad. El sellado de estos vertederos requiere inversiones superiores a los 73.000 millones de pesetas. En su lugar deberán construirse unas 150 nuevas instalaciones donde se pretende que sólo se depositen el 33,1% de los residuos urbanos, frente al 53,7% que reciben actualmente.
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