Freno y marcha atrás

EL GOBIERNO quiere modificar sustancialmente el proyecto de nueva Ley de Extranjería y, si no lo consigue, evitar que sea aprobado antes de la disolución de las Cortes. Pero, además, quiere que no se note. Lo primero es discutible; lo segundo, imposible.El Ejecutivo ha tenido año y medio para caer en la cuenta de los riesgos que ahora dice ver en el anteproyecto avalado por su propio grupo parlamentario: fundamentalmente, que choca con las pautas de la Unión Europea sobre el asunto (por ser demasiado permisivo), y que es demasiado caro. Si contradice la normativa europea, habrá que corregir la ley. Pero corresponde al Gobierno demostrar que así es. La cumbre europea de Tampere estableció unos criterios para regular el flujo migratorio hacia los países de la Unión. La ley española también aspira a eso, si bien con criterios humanitarios.

Algunos expertos han señalado que la legislación más reciente de los Estados europeos con mayor tradición receptora tiende a considerar a la inmigración como un fenómeno temporal: en la perspectiva de un regreso a los países de origen. La ley que aquí se discute contempla, por el contrario, medidas tendentes a favorecer la integración de esos inmigrantes en la sociedad española. Es posible que la situación se vea de distinta manera en nuestro país, con un porcentaje reducido de población extranjera. Habrá que adecuar ambos criterios, porque España es país fronterizo de la Unión. Si el riesgo es que la ley tenga un efecto de llamada, la táctica alarmista del Gobierno -hablando de "coladero"- no parece muy inteligente: nada resultará tan llamativo como la idea de que en España se prepara una ley que concederá la nacionalidad a todos los que lleguen; pero no es así.

El proyecto legaliza en determinadas condiciones a los que no tienen papeles y amplía los derechos sociales de los trabajadores extranjeros. Es posible que haya que afinarlo para evitar algunos efectos perversos, pero difícilmente pueden objetarse esos propósitos. ¿No dice el Gobierno que en la próxima legislatura habrá pleno empleo en España? Entonces es seguro que se producirán huecos en el mercado laboral, en determinadas ocupaciones. Y si en momentos de bonanza económica no se extienden a los inmigrantes derechos como el de la educación de sus hijos, asistencia sanitaria de urgencia y atención a las embarazadas, ¿cuándo hacerlo?

Tienen razón, por tanto, los socios nacionalistas catalanes del Gobierno para negarse a dar marcha atrás, y para advertir contra la maniobra que podría utilizar el PP para hacer decaer el proyecto: presentar en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, una batería de enmiendas tan amplia que haga imposible en la práctica su tramitación antes de que acabe esta legislatura.