El instituto de la Generalitat fue el vehículo de una operación triangular que le costó cientos de millones

Las funciones de un organismo oficial de comercio exterior son facilitar las ventas al exterior de las empresas privadas. Estas gestiones entrañan un gasto público y, en ocasiones, el uso de operaciones muy novedosas, según un experto consultado por este periódico. Si además los países de destino de las exportaciones -es el caso del contrato entre el Ivex y Ford para vender coches a Túnez- son mercados protegidos -el país magrebí es un claro ejemplo- las gestiones se complican. El contrato del Ivex es una operación de comercio triangular, en la que tres empresas se ponen de acuerdo para generar unos derechos de compensación (gravémenes adicionales a la importación de vehículos a Túnez). Ford contrata al Ivex para resolver esta barrera comercial y la sociedad pública contacta con una empresa tunecina (Sonotube), cuyas ventas a Europa permitían la venta de coches Ford al país magrebí; y con la firma compradora (Apod, Graficom, etcétera). El Ivex actuó de vehículo entre las tres sociedades e hizo posible la operación triangular.

El Ivex, según describe la Sindicatura de Cuentas, compraba a la empresa de Túnez y vendía a la europea -curiosamente vinculadas las dos al grupo Lagier-. Este cruce no debía generar costes al Ivex, sin embargo, la Sindicatura encontró en 1997 un desfase superior a los 500 millones de pesetas. Es decir, el Ivex pagó a Sonotube, pero no cobró de la empresa europea, también de Lagier, de ahí que el órgano fiscalizador le exigiera al Ivex que aclarase el cobro o lo anotara en sus cuentas como fallido y, por tanto, dotara su fondo de insolvencias.

Este hecho y los tres informes de la Sindicatura donde se describen los puntos oscuros de la operación, apuntan a que los 1.331 millones de agujero que los actuales gestores del Ivex denunciaron la semana pasada, se arrastran desde el principio. Esto se contradice con la versión ofrecida hace pocos días por la directora del Ivex, Carmen de Miguel, que ayer aseguró a este periódico que no podía facilitar las auditorías del Ivex sin consultar con los abogados encargados de la querella por presunto delito societario contra el ex director José María Tabares. Este tipo de querella que, según fuentes conocedoras del caso, sería "a la catalana", serviría, no sólo para descargar en Tabares las responsabilidades del caso, sino para paralizar las demandas de cobro de los bancos, que en un plazo de tres o cuatro meses exigirán al Ivex, al menos, los 1.049 millones de pesetas de los que parece haberse beneficiado el grupo Lagier.