El juez deja libres a los detenidos por el fraude de la gasolina adulterada

Los siete detenidos por un supuesto fraude masivo de venta de gasolina adulterada durante los últimos cuatro años fueron puestos en libertad en la madrugada del domingo tras prestar declaración en el juzgado de guardia de Arganda del Rey. El juez desatendió la petición del fiscal, que solicitó el ingreso en prisión de los detenidos. No obstante, decretó contra ellos la libertad provisional con cargos, aunque aún no existen denuncias de posibles víctimas.

Agentes de la comandancia de Guardia Civil detuvo el pasado jueves a los dueños de la empresa Marck Disolventes, de Arganda, y a cuatro de sus empleados por vender desde 1995 gasolina adulterada con disolventes en una estación de servicio de Meco y en una unidad de suministro en Príncipe de Vergara (Madrid).Los imputados estaban acusados de mezclar con el combustible excesivo disolvente en la nave situada en el camino de Puente Viejo de Arganda. "Por cada litro, puede haber un 10% de disolventes, y ellos añadían un 30% para aumentar la cantidad del combustible", explicó un guardia civil.

La gasolina manipulada era trasladada en camiones cisterna a Meco y a Príncipe de Vergara, a pocos metros de la Consejería de Economía, el departamento encargado de velar por la pureza del combustible. La gasolina súper y sin plomo con exceso de disolventes puede dañar los motores de vehículos y aumenta el riesgo de explosión en caso de sufrir un accidente, según los expertos.

Los agentes del instituto armado atribuyeron a los siete detenidos estafa, fraude fiscal a la Hacienda pública y delitos contra los consumidores. Todos fueron trasladados el pasado sábado al juzgado de guardia de Arganda del Rey. Según fuentes de la investigación, el juez decidió poner en libertad con cargos a lo siete implicados. El ministerio público, siempre según las mismas fuentes, pidió la prisión preventiva para los implicados. Sin embargo, el juez desatendió la petición del ministerio público ante la falta de denuncias contra los empresarios acusados de vender gasolina con exceso de disolventes. Los siete detenidos abandonaron el juzgado de Arganda a las cuatro y media de la madrugada, tras un minucioso interrogatorio.

Cepsa, compañía que suministraba el combustible a una de las dos gasolineras precintadas por la Guardia Civil, se personará en el caso como acusación particular al "considerarse perjudicada en su imagen de marca".

Fraude

El surtidor de Príncipe de Vergara, que supuestamente comercializaba gasolina adulterada y que se encuentra frente a la Consejería de Economía, es propiedad de la Cepsa, aunque lo gestionaba la empresa Tiger Petroleum, implicada supuestamente en el fraude. La compañía Cepsa anunció ayer que se ha hecho cargo del combustible adulterado para analizarlo. La partida de producto fraudulento ha sido sustituida por otra de gasolina que cumple todas las especificaciones y condiciones de calidad, según la compañía Cepsa.