Los puntos fundamentales de la ley

La ponencia en la que durante 18 meses han trabajado los grupos parlamentarios ha dado como resultado una Ley de Extranjería que, en su actual redacción, constituye una de las normativas sobre inmigración más avanzadas de Europa, en sustitución de la durísima legislación de la materia aprobada hace 15 años. A pesar de ello el texto propuesto por los diputados de la ponencia ha sido criticado por algunos colectivos sociales. Éstos son algunos de los puntos clave de la nueva norma:- Derechos y libertades: Una de las objeciones de Interior que puede reducir la importancia de la ley, según los grupos, consiste en que muchos de los artículos de este capítulo se refieren genéricamente a los "extranjeros que se hallen en España" y equipara sus derechos a los de los españoles. Eso incluye tanto a los regularizados como a los irregulares. Interior exige que no se den a personas en situación irregular los mismos derechos que al resto de los españoles. Los principales son el derecho a la asistencia sanitaria, a la educación, prestaciones sociales básicas, libertad de circulación, de reunión y de asociación. Además, los residentes, es decir los regulares, podrían votar en las elecciones municipales.

Se había criticado a este respecto el coste que podría tener abrir la puerta de la sanidad y la educación públicas a los extranjeros en situación irregular. Pero un informe de Price Waterhouse encargado al efecto ha concluido que el único coste imputable a la nueva norma sería el de la Sanidad, puesto que la legislación actual obliga de hecho a escolarizar a todos los menores. Y teniendo en cuenta que la enorme mayoría de la población inmigrante es joven y tiene buena salud, el coste sería de sólo 4.716 millones de pesetas.

- Reagrupación familiar: Los extranjeros que obtengan la condición de residentes podrán pedir la reunión con su cónyuge, sus hijos menores de 18 años y todos sus ascendientes que prueben una dependencia económica del residente en España. Todos ellos obtendrán la residencia. Interior alega que esto puede significar, especialmente en los países árabes como Marruecos donde las familias tienden a ser muy numerosas, una forma de engrosar de manera incontrolable el número de residentes. Pero los redactores oponen que no se puede impedir algo tan elemental como la reagrupación familiar en una ley que pretende mejorar los escasísimos derechos de los inmigrantes.

- Residencia: Ésta es la parte más importante para todos los extranjeros, porque a partir de aquí se consiguen los derechos fundamentales y se entra en situación regular. Existen dos tipos: temporal y permanente. La primera, de hasta cinco años, no es más que un primer paso para obtener la segunda. Para lograrla, sigue vigente en parte la pescadilla que se muerde la cola: es necesario tener un permiso de trabajo, que nadie concede si no se tiene el de residencia. Pero también puede conseguirse si se demuestran medios de vida suficientes. Y, sobre todo, se puede obtener certificando una estancia ininterrumpida de dos años en España, algo que según Interior no sólo garantiza la regularización permanente, sino que puede incitar a las mafias a buscar maneras fraudulentas de demostrar esa estancia. La residencia permanente, que permite quedarse indefinidamente en España, se obtiene cuando se cumplen los cinco años de residencia temporal.

- Trabajo: La norma no anula el polémico contingente, que decide cada año la Administración en función de las necesidades, pero contempla que las ofertas de empleo que puedan realizar los empresarios sean independientes de este cupo. Además, se abre la puerta para que, a través del reglamento que seguirá a la ley, puedan entrar y salir libremente trabajadores contratados exclusivamente para una temporada agrícola, algo que los empresarios de este sector exigían debido a la escasez de mano de obra.

- Visados: Como novedad, la reforma exige que la denegación de un visado sea justificada por el Ministerio de Interior. Es uno de los aspectos que este departamento pone como discrepancia fundamental, pero los grupos están relativamente de acuerdo en que es negociable y que no debería obstaculizar la aprobación de la norma.

- Expulsión: Interior sostiene que los mecanismos tienen una definición confusa, como las ventajas que obtendrían los que denuncian a las mafias de la inmigración, pero los grupos insisten en que en este aspecto las novedades son pocas y no entienden la postura de este ministerio.