Aznar da la razón a Mayor frente a Cascos y ordena al PP que enmiende la Ley de Extranjería

El Gobierno, y especialmente Interior, tratará de dar la vuelta en el Senado al proyecto de Ley de Extranjería, cuyo borrador ha sido consensuado en el Congreso por todos los grupos. El PP ha recibido el encargo de La Moncloa de incorporar al texto, que se tramita por la vía de urgencia, una treintena de enmiendas, aportadas mayoritariamente por el departamento de Jaime Mayor, quien ha mostrado especial empeño, compartido por el jefe del Ejecutivo, en no ir contra las orientaciones aprobadas por la UE en la cumbre de Tampere. El propio Mayor aseguró ayer que su reticencia hacia el actual texto, respaldada por Exteriores y Economía, tiene el apoyo expreso de Aznar. El vicepresidente Álvarez Cascos, que dio por segura la tramitación de la ley en la actual legislatura, admite ya estos cambios, que podrían derivar en la retirada del proyecto.

La batalla interna del Gobierno sobre la Ley de Extranjería tiene ya un presunto perdedor: el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, quien el miércoles aseguró que la aprobación de este texto estaba garantizada en la actual legislatura. Frente a las duras quejas de Interior por el contenido de determinados artículos, Cascos trataba ayer de quitar hierro al conflicto señalando que las diferencias en el Ejecutivo son de forma y no de fondo. "Si los ministros fuéramos fotocopias unos de otros, el Consejo de Ministros lo formaría una sola persona", señaló justificando sus palabras del día anterior, claramente contradictorias con las de Mayor, partidario de aplazar la Ley de Extranjería para la próxima legislatura.Sin embargo, el titular del Interior volvía a esgrimir con contundencia, más aún que el miércoles, su posición crítica con el borrador que debatirá el Congreso el día 25. Mayor no ocultó incluso que cuenta con el respaldo de José María Aznar. "No hay una posición del ministro. Es del Gobierno", dijo. "La proposición de ley, tal y como está redactada en la ponencia del Congreso, significaría, en su criterio, una gravísima irresponsabilidad porque podría afectar a la convivencia de los españoles; es un tema esencialmente de convivencia y que afecta al conjunto de la sociedad española".

El ministro señaló que, tras el terrorismo, el problema de la inmigración es el más importante en el horizonte político de los próximos años. "España no puede estar de pronto a la cabeza de los países de acogida de la UE. Tampoco en la cola. Debemos ser un país normal en este terreno y no podemos, con este tema tan importante, delimitar claramente la frontera del inmigrante irregular y del inmigrante ilegal".

La posición de Interior tiene el respaldo de Economía y Exteriores. Rodrigo Rato subrayaba ayer mismo la necesidad de que una ley de esta importancia se redacte "teniendo en cuenta las consecuencias que tendrá de aquí a varios decenios". Rato pidió, igual que Mayor, responsabilidad a los partidos para afrontar este reto con "eficacia y claridad". La misma posición mantuvo el ministro de Exteriores, Abel Matutes. Los tres coinciden en que más vale que la ley se retrase a que salga de las Cortes un proyecto de consecuencias imprevisibles.

No era ésta la posición de Cascos, que ayer tuvo que replegarse ante la decidida posición de la mayoría del Gobierno. Cascos había puesto el acento en garantizar a CiU, promotor de esta proposición de ley, que se tramitaría y aprobaría en esta legislatura. Ayer ya no insistía en tal posición y trató de quitar importancia a las divergencias señalando que no afectan al fondo de la ley. "Se han producido manifestaciones que coinciden en el planteamiento pero lo expresan de manera diferente", dijo el vicepresidente, quien admitió que hay que adaptarse a los nuevos criterios de la UE, más restrictivos.

También ha quedado en posición desairada el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, quien había insistido en que la Ley de Extranjería debería aprobarse en esta legislatura. Pimentel se encuentra muy presionado por la secretaria de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, que ha amenazado con su dimisión si el Gobierno no saca adelante la ley antes de las próximas elecciones. Tanto Pimentel como Gómez son muy receptivos a las opiniones de las ONG que han apostado fuerte por este proyecto.

Las prisas de CiU

Mayor no dio una explicación clara de porqué el Gobierno ha tardado tanto en plantear claramente su posición en contra cuando esta proposición de ley se ha venido tramitando desde hace 18 meses en una ponencia parlamentaria en la que ha participado activamente el PP. Todo apunta a que el Ejecutivo no quería desairar a su socio CiU, promotor de la proposición, antes de las elecciones catalanas. El ministro se limitó ayer a señalar: "Hay que mirar al futuro". Fue toda su respuesta junto a una apelación para que no se admita la ley como está redactada.CiU defiende esta ley para solventar futuros problemas de confrontación cultural en España ante la llegada masiva de inmigrante sin papeles, ofreciendo suficientes herramientas de carácter sanitario, cultural, social o humanitario. Y lo hace expresamente para impedir casos como el Can Anglada, el barrio de Terrassa en el que en junio se registraron graves enfrentamientos entre vecinos de la zona y emigrantes norteafricanos. Por este motivo, los nacionalistas quieren que la ley se apruebe sin más demoras.

La coartada del Gobierno es que hay que adaptar la futura normativa a las conclusiones de la cumbre de Tampere sobre inmigración. "Estamos tratando de encontrar la mejor fórmula posible porque del acierto de esta ley va a depender buena parte de la convivencia de los españoles en la próxima década. Es evidente que nuestras preocupaciones no están recogidas en este texto", insistió Mayor. En su departamento admiten que el abultado número de enmiendas que se introducirán podría dar al traste con la intención del PP de aprobarla antes de las elecciones. Ante esta perspectiva, los partidos de la oposición y las organizaciones sociales lanzaron ayer acerbas críticas al Ejecutivo.