El derecho a papeles tras dos años de estancia en España, clave de la disputa

Las múltiples objeciones del Ministerio de Interior a la nueva ley de Extranjería son consideradas por los grupos como meras cuestiones de matiz. Pero existe un punto crucial que podría dificultar la aprobación de la ley, porque implica cambiar radicalmente su contenido: el artículo que garantiza el derecho de todo extranjero a obtener el permiso de residencia en España si certifica una estancia de al menos dos años. Interior se opone radicalmente a esto pese a que fue precisamente el Partido Popular el que propuso ese punto.

Interior parece estar de acuerdo en el criterio de que la nueva ley tiene que traer necesariamente una regularización extraordinaria de inmigrantes, pero no en que se consolide el derecho a papeles tras dos años de estancia. Por eso el ministro Jaime Mayor Oreja hablaba ayer de que la norma puede condicionar "la convivencia de los españoles en la próxima década".Esta visión es criticada por todos los grupos. El representante de CiU en la ponencia, Carles Campuzano, llegó ayer a calificar de irresponsable al ministro por tratar de "provocar el pánico" con sus declaraciones, de las que se puede desprender que teme que la nueva norma fomente la llegada masiva de inmigrantes.

Pero la intención de la ley, según sus propios redactores, no es ni mucho menos esa. La idea con la que se ha redactado el punto que garantiza un permiso de residencia temporal para aquéllos que certifiquen más de dos años de permanencia en España es para favorecer a los llamados irregulares sobrevenidos: personas que comienzan a trabajar en España de forma legal y por diversas cuestiones acaban perdiendo esa condición.

Pero la indignación de los grupos con Interior, que hasta ahora no había mostrado estas reticencias, no sólo se refiere a la inoportunidad de plantearlas ahora. Lo más grave, para los diputados que han elaborado la norma, es que este punto, artículo 30.3 del proyecto, fue propuesto por el Grupo Popular con base en un texto de Inciativa per Catalunya. Y es precisamente el grupo del Gobierno el que recibía todas las sugerencias del Ministerio del Interior y las consensuaba con el resto de los parlamentarios para incorporarlas al texto. Por eso se daba por supuesto que este punto clave tenía el apoyo total del Ejecutivo que dirige José María Aznar.

Hay otro punto que garantiza la regularización de extranjeros. Se trata de una disposición transitoria que da derecho a papeles a los extranjeros que certifiquen que llegaron a España antes del 1 de junio de 1999. Interior pretende que sólo se aplique a los que residen en territorio español desde antes del 1 de enero.

El resto de los puntos que objeta Interior se refieren sobre todo a la parte que recoge los derechos de los inmigrantes. La ley equipara en muchos casos los derechos de todos los extranjeros, tengan o no sus papeles en regla, algo que según los grupos sigue la línea de la declaracion de los derechos humanos y que para Interior son inadmisibles por "demasiado avanzadas", según fuentes del ministerio.

Las objeciones de este departamento, si no insalvables, implican para los grupos que la han defendido reducir los derechos de los inmigrantes. Porque nadie duda de que las reticencias de matiz, relativas a la redacción de los artículos, son perfectamente solubles antes de que acabe la legislatura.