Grau autorizó un pago de 50 millones sin una factura detallada, según la juez

La juez que imputa al primer teniente de alcalde de Valencia, el popular Alfonso Grau, un supuesto delito de fraude y exacción ilegal, asegura en su auto que el edil autorizó el pago de 50 millones de pesetas a la firma Battres SA sin disponer de una factura en la que se justificase el precio abonado. La juez, que rechaza el sobreseimiento de las actuaciones solicitado por la defensa, señala que Battres se constituyó sólo mes y medio antes de que Grau firmase el primer contrato, sin que la firma estuviese inscrita en el registro mercantil.

En el auto judicial se justifica la decisión de seguir adelante con la investigación por la necesidad de determinar si ha existido o no la prestación del servicio contratado por el popular Alfonso Grau, consistente en la celebración de un espectáculo musical en el campo de fútbol de Mestalla los días 18 y 19 de marzo pasados. Sin embargo, la juez indica en el escrito que con las diligencias practicadas no consta de qué modo el primer teniente de alcalde de Valencia entabló los tratos con una sociedad mercantil que estaba recientemente constituida y que no se hallaba inscrita en el registro mercantil en el momento de la firma del primer contrato.Según el juzgado, las actuaciones atribuidas a Alfonso Grau pueden subsumirse en los delitos de fraude y exacción ilegal -usar artificios para defraudar a cualquier ente público-, que están penados con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de seis a diez años.

El escrito judicial indica que en las actuaciones practicadas no consta que Battres presentase el plan y calendario de trabajo para la realización de los eventos musicales contratados. Tampoco hay constancia de que Battres -empresa constituida por Antena 3 Iniciativas Comerciales (650 acciones), Battering Media Comunicación Alternativa (una acción) y Mediterránea Multimedia (349 acciones)- emitiera en diferido por Antena 3 Televisión el programa en toda España ni que comunicara al Ayuntamiento de Valencia las fechas y el horario de emisión. Igualmente, la juez considera que con las diligencias practicadas tampoco hay constancia de la existencia de un presupuesto detallado del coste de las actuaciones musicales ni de los beneficios industriales a percibir.

Battres se adjudicó el contrato sin concurso y con la mediación de Jesús Wolstein, esposo de la edil popular Marta Torrado, según las declaraciones de los ediles socialistas recogidas en el auto judicial. En el mismo, se relata también que los conciertos de Fallas se anunciaron previamente con los anagramas de Antena 3 y del Ayuntamiento de Valencia especificando que las actuaciones musicales serían en directo, extremo que no se llegó a realizar.

De acuerdo con las actuaciones realizadas, el juzgado constata que el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia dio su conformidad a la factura de 50 millones de pesetas presentada por Battres el 22 de marzo de 1999 en la que sólo se incluía como concepto: celebración del espectáculo musical.

Si el proceso judicial -en el que la fiscal imputa al popular Alfonso Grau los mismos delitos que la acusación particular ejercida por los concejales socialistas- concluye con la apertura de juicio oral, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia será juzgado por un jurado popular.

En este proceso actúa como defensor particular de Alfonso Grau el abogado y responsable del servicio jurídico municipal, Nestor Ramírez. Los intereses del Ayuntamiento de Valencia -que cuenta con mayoría absoluta del PP- están representados por el letrado Juan Gosalves, que es subordinado de Ramírez en el servicio jurídico municipal. El auto recoge que la defensa del Ayuntamiento considera que la Corporación puede resultar afectada en su buen nombre por la excesiva criminalización de un procedimiento que los ediles socialistas podrían haber planteado en un contencioso administrativo.