El Consell quiere controlar con ayudas generosas el movimiento de padres

La llegada del PP al poder se ha traducido en un flujo continuado de millones desde las administraciones públicas hacia las asociaciones de padres de alumnos que preside José Antonio Ranchal, la federación de APA de Alicante y la Confederación Valenciana de Padres de Alumnos (Covapa). Estas generosas subvenciones cuestionan la independencia del movimiento de padres de alumnos respecto del poder. Ranchal, que llegó con el aval de ocho firmas recogidas tras ser expulsado por los padres del colegio de su hijo, vive de la Administración.

La imagen de la reunión de Eduardo Zaplana y de Ranchal en el Palau de la Generalitat, publicada en dos medios de comunicación a los pocos meses de llegar a la presidencia el primero, ilustra lo que fue el comienzo de una gran colaboración entre el entonces presidente de la federación de APA Gabriel Miró de Alicante y la Administración del PP. Cuatro años después, la estrecha colaboración se ha plasmado en un documento firmado el pasado 29 de mayo por el consejero de Educación, Manuel Tarancón, Ranchal y el vicepresidente de Covapa y presidente de FAPA-Valencia, Toni Garcés: el cuestionado Pacto por la Educación, del que no se hicieron públicos los acuerdos económicos. El documento oficial habla sólo de un acuerdo de colaboración "para mejorar la formación educativa de los alumnos en función de la intervención de los padres en el proceso educativo".La presentación del Pacto en rueda de prensa ocultó, sin embargo, dos acuerdos internos de mayor calado. El primero consistió en una reforma de los Estatutos de Covapa, supervisada por el jefe de Servicios de Relaciones Institucionales de Educación, Benito Muñoz (de cuya asesoría dan buena cuenta los documentos internos de la confederación en poder de este periódico), y aprobada dos días después del Pacto en la asamblea general. La reforma estatuaria, aconsejada desde la Administración, centraliza el poder presidencialista de Ranchal, y el de su vicepresidente, Garcés, para los próximos cuatro años y reduce la ejecutiva de 28 a 14 miembros. Los sueldos de la junta ascienden a 80 millones al año, además de la cotización a la Seguridad Social. Otros 20 millones son para gastos de personal administrativo. Esta línea de colaboración se articula, por otra parte, en forma de convenios para "formación" y "actividades de Seguridad Pública y Protección Civil" de las consejerías de Educación y de Presidencia y del Ayuntamiento de Alicante, también gobernado por el PP. En concreto, para el ejercicio próximo Covapa prevé en su presupuesto ingresar 180 millones, de los cuales 126 proceden de convenios.

Vericuetos administrativos

Las memorias de Covapa hacen clara referencia a los múltiples "convenios de formación" firmados por Ranchal en el último año y medio. El vericueto administrativo puesto en marcha por el Consell ha sido una línea de subvención nueva, creada dentro del programa 421.10 correspondiente a la Dirección de Servicios Generales, mediante la cual Covapa reconoce que se le han adelantado entre 1998 y en 1999 varias "líneas de crédito" por valor de 8,7, 15,9 y los 20 millones de la firma del Protocolo del Pacto, que tampoco se han hecho públicos. Los presupuestos del 2000 utilizan esta línea para destinar otros 100 millones al "funcionamiento de Covapa".

Las transferencias aparecen, sin embargo, como ayudas a "entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro" y la finalidad descrita es "la realización de estudios relativos a diversos aspectos de la educación reglada no universitaria". Los Servicios Jurídicos de CC OO y los partidos de oposición Esquerra Unida y PSPV, adelantaron ayer que solicitarán una explicación en las Cortes Valencianas y presentarán una batería de preguntas parlamentarias.Con todo, parte de las respuestas a las incógnitas están en los múltiples y periódicos encuentros sostenidos por Ranchal con altos cargos del Consell en los últimos dos años, fuera de la mesa sectorial de padres, de los cuales también existe una detallada cronología de fechas y temas.

La política de "compra de voluntades" por parte del PP ha sido denunciada por CC OO, STEPV y UGT y por las propias federaciones. En concreto, FAPA-Castellón, sobre la que pesa una orden de expulsión de Covapa, por presentar en mayo un informe sobre las irregularidades en la gestión de Ranchal ante la Dirección General de Régimen Económico de Educación, sin respuesta aún. Por su parte, el sector crítico que dio un golpe de timón a la presidencia de Garcés y eligió a una gestora ha presentado una batería de recursos en los juzgados de Valencia impugnando los métodos presidencialistas de Garcés. Educación, sin embargo, sólo reconoce la legitimidad de ambos hombres, que se han desmarcado de las políticas de izquierda que tenían las tres federaciones, y han apostado por "los acuerdos". El próximo 21 una asamblea y unas elecciones decidirán el futuro de ambos.