El fiscal acusa al alcalde de Castellbisbal y a dos ex concejales de prevaricación
El fiscal de la sección segunda de la Audiencia de Barcelona ha acusado al alcalde de Castellbisbal (Vallès Occidental) desde el año 1991, el independiente Joan Playà, de un presunto delito de prevaricación. El fiscal también ha inculpado a Joan Sardà, de CiU, y al independiente Joan Uceda, ambos tenientes de alcalde en junio de 1992, cuando el Gobierno municipal decidió adjudicar unas obras de alcantarillado de la población a la empresa Serveis, Instal.lacions i Canalitzacions. Sardà formaba parte del consejo de administración de esta empresa, por lo que al ex concejal de CiU también se le imputa un delito de actividad prohibida a funcionario y se le reclama una multa de 1.350.000 pesetas.Los socialistas de Castellbisbal denunciaron los hechos al detectar "ciertas irregularidades" en la adjudicación de las obras. Según Antoni Durán, del grupo municipal socialista, para realizar las obras se presentaron tres empresas, "dos de ellas presentaron toda la documentación, pero la empresa de Serveis, Instal.lacions i Canalitzacions presentó el último día un presupuesto de una hoja en un sobre abierto y con la firma de alguien que aún no hemos logrado saber quién es".
Sin embargo, los socialistas sólo acusan a Sardà porque "desconocemos qué conocimiento tenían Playà y Uceda del grado de implicación que tenía Sardà con la empresa".
Precisamente "el desconocimiento de la relación entre Sardà y la empresa" es uno de los argumentos que Playà esgrime en su defensa.
Según el fiscal, el alcalde y los dos tenientes de alcalde acusados adjudicaron estas obras a esta empresa a pesar de que en la oferta " se omitía de forma absoluta" toda la documentación necesaria.
El fiscal se confunde, asegura Playà, porque la adjudicación se hizo "de forma directa y en estos casos el único trámite que se tiene que cumplir es consultar a tres empresas, algo que ya hicimos". Si se escogió la de Serveis, Instal.lacions i Canalitzacions, fue "porque era la más barata", resume Playà.
Los tres acusados votaron a favor de la sociedad y la comisión de gobierno acordó en junio de 1992 por unanimidad la adjudicación a esta empresa de las obras, que se realizaron en los meses siguientes.
El juicio tenía que celebrarse ayer, pero la vista quedó suspendida hasta el próximo día 25, ya que la defensa reclamó que el caso fuera juzgado por un tribunal contencioso-administrativo y no por la vía penal.
La primera denuncia presentada por los representantes del grupo municipal socialista se produjo en noviembre de 1993, apenas tuvieron noticia de las supuestas irregularidades producidas en la concesión de las obras, que se habían otorgado un año y medio antes.
El procesjo judicial ha seguido su curso durante los últimos seis años y, finalmente, la fiscalía ha llegado a la conclusión de que se pudo producir un delito de prevaricación en el que participaron los tres ediles ahora acusados por el fiscal.
