El Consell desvía las prestaciones sociales hacia gestores privados y relaja la inspección oficial La muerte de 25 ancianos en una residencia ilegal pone en entredicho los controles

La muerte de 25 mayores en el plazo de un año en un asilo ilegal en la localidad alicantina de Formentera de Segura es un caso dramático que ha puesto de manifiesto la irregular situación de los servicios de inspección de la Consejería de Bienestar Social. Pero el brote de hepatitis C que salió a la luz pública en la primavera del año pasado, el número creciente de accidentes laborales con resultado de muerte o el concierto educativo con un colegio privado que acumulaba una deuda millonaria con la Seguridad Social son otros tantos episodios que demuestran una peligrosa relajación de los controles oficiales que se extiende a casi todas las áreas de la Admistración autonómica desde la llegada al poder de Eduardo Zaplana.

El protagonismo de la iniciativa privada en materia de servicios sociales responde a una opción política que merece todos los respetos. Pero la responsabilidad de la Administración a la hora de garantizar la calidad de las prestaciones cobra especial relevancia cuando se opta por ceder a empresas privadas la gestión de asuntos sensibles. La privatización ha ido acompañada de una desregularización de los controles.La Consejería de Bienestar Social recibió la primera denuncia sobre el funcionamiento ilegal de la residencia Levante en Formentera de Segura en 1998, cuando el asilo empezó a funcionar. La residencia abrió sus puertas sin la pertinente autorización. La queja fue archivada.

Posteriores denuncias tramitadas a través del Ayuntamiento de Formentera de Segura generaron la apertura de un expediente en marzo pasado. Bienestar Social cita la residencia Levante entre los seis asilos ilegales que asegura haber detectado en la provincia de Alicante en una respuesta parlamentaria fechada hace un mes. Pero el cierre definitivo de la residencia se dictó la semana pasada. Meses de trasiego de documentos han dejado tras de sí un dramático rastro de 25 muertes.

La Ley de Servicios Sociales aprobada en junio de 1997 establece que la consejería de Bienestar Social debería contar con 16 inspectores. Sólo tiene seis que trabajan a las órdenes de una dirección general.

La Generalitat tiene competencias de inspección en Sanidad, Educación, Trabajo, Consumo, Industria, Obras Públicas, Comercio, Turismo, Agricultura o Medio Ambiente, entre otras áreas. Un recorrido fragmentario por los servicios de inspección revela serias deficiencias que combinan peligrosamente con la cesión de servicios a manos privadas.PASA A LA PÁGINA 3