Los servicios de inspección trabajan a partir de denuncias privadas por falta de planes oficiales

VIENE DE LA PÁGINA 1 Los últimos responsables socialistas de la Consejería de Asuntos Sociales recuerdan que requirieron a todos los concejales del área que comunicaran a la consejería todas las irregularidades detectadas en sus municipios. En el caso específico de las residencias para la tercera edad establecieron un plan específico para peinar ciertas áreas y combinaron sus esfuerzos con los servicios de inspección de Sanidad. Algunas visitas se desarrollaron de noche y con apoyo policial.

Antonio Torres, diputado socialista, asegura que no pretende entrar en ninguna guerra de cifras con la actual consejera de Bienestar Social, Carmen Mas. Sólo pide que revise la información archivada en su propia consejería como primer paso para atajar la proliferación de residencias ilegales y sus funestas consecuencias.

El problema se extiende a los centros privados que acogen enfermos mentales. Las licencias de apertura para centros de acogida de enfermos mentales eran tramitadas por los inspectores de la consejería hasta 1996, cuando la dirección general de Servicios Sociales asumió esa responsabilidad.

Torres asegura que en la actualidad funcionan en la Comunidad Valenciana un centenar de residencias de ancianos y centros de acogida de enfermos mentales sin la pertinente autorización administrativa.

La escasez de plazas públicas para atender la demanda de dos servicios públicos especialmente sensibles provoca, según fuentes próximas a la inspección, una peligrosa flexibilidad de los responsables de la consejería, que tienen sobre la mesa informes sobrados para ordenar el cierre inmediato de varios centros privados que carecen de las mínimas condiciones exigibles.

Bienestar Social concentra toda la atención en la actualidad y trata con materia especialmente sensible, pero las carencias en los servicios de inspección son generalizadas.

Inspirados por Internet. Los servicios de inspección de la Consejería de Educación buscan directrices para desarrollar su trabajo a través de Internet. Los 96 inspectores de Educación, sobre una plantilla que debería contar con 120, carecen de jefe y su coordinador se ha jubilado. El curso académico se ha inaugurado sin un plan concreto que delimite objetivos para evaluar los centros docentes. Dadas las circunstancias, los inspectores navegan por la red para inspirarse a partir de las directrices que marca el Ministerio de Educación.

Un problema añadido, que pone en entredicho la profesionalidad del servicio, lo provoca la discrecionalidad en el nombramiento de inspectores. El 50% de los integrantes de la actual plantilla de inspectores de Educación ha sido nombrado a dedo.

La fiscalización de los precios que cobran los centros privados es una de las tareas de los inspectores, que tropiezan con una serie de conciertos con colegios de élite aprobados fuera de los plazos de matrícula, por ejemplo.

Un brote sin control. La reacción de la Consejería de Sanidad ante el brote de hepatitis C que saltó a la luz en la primavera pasada resultó muy ilustrativa. Joaquín Farnós, entonces consejero de Sanidad, intentó descargar todas las responsabilidades sobre ciertos centros privados y algún profesional en concreto. Todo menos admitir que los servicios de control epidemiológico de la consejería no actuaron con la debida celeridad y eficacia, y adoptar medidas para paliar la situación. La labor de los 39.000 empleados del Servicio Valenciano de Salud quedó en entredicho por la falta de reacción de los responsables de la consejería que contribuyeron a crear un sospechoso clima de alarma social.

La dirección general para la Calidad, Evaluación y Modernización de los Servicios Asistenciales dispone de una unidad que dirige la inspección. La unidad cuenta con 23 licenciados superiores en el servicio central. La consejería evitó ofrecer datos concretos sobre la plantilla de inspectores que supervisan los centros sanitarios en la Comunidad Valenciana.

Pero fuentes sindicales aseguran que a lo largo del presente año se han desarrollado 12 inspecciones en la provincia de Valencia, siete en Alicante y cuatro en Castellón. Un número muy reducido en relación con los cientos de centros de salud, clínicas y hospitales que debe supervisar la Consejería de Sanidad.

Un esfuerzo en empleo. El creciente número de accidentes laborales con resultado de muerte registrados en la Comunidad Valenciana ha obligado a reaccionar a los responsables de Empleo. El número de accidentes laborales durante los primeros nueve meses del presente año iguala el triste registro del año pasado. A lo largo de 1998 se registraron 84.047 accidentes laborales en la Comunidad Valenciana. Hasta septiembre de este año la cifra llega a 83.349, 72 de ellos mortales.

La prevención de riesgos laborales corresponde a la Consejería de Empleo. Los inspectores están adscritos al Ministerio de Trabajo y cobran de la Administración central, pero sus tareas se diseñan desde la consejería.

El número de inspecciones en materia de riesgos laborales desarrolladas durante 1997 ascendió a 8.538. Los inspectores detectaron 2.852 infracciones. Durante el primer semestre de 1998, la inspección desarrolló 5.164 visitas. Este año se han elevado hasta 5.852. Las infracciones detectadas suben en paralelo al número de inspecciones, desde 1.448 en el primer semestre de 1998 hasta 2.034 en los primeros seis meses de 1999, un aumento que ronda el 30% en términos porcentuales.

Modelo técnico. La inspección veterinaria, el control de la calidad de las aguas, la detección de fraudes comerciales, la seriedad en la inspección técnica de vehículos o el control de los tributos cedidos son otros tantos servicios encomendados a la Generalitat que requieren supervisión de la Administración autonómica.

La Consejería de Obras Públicas, por ejemplo, tiene encomendadas inspecciones de carácter técnico, que habitualmente vienen requeridas en los pliegos de condiciones de la licitación de obras. El ámbito más sensible que tratan los técnicos de Obras Públicas es la vivienda, una materia en la que, en el desierto generalizado de la inspección oficial, los técnicos valencianos resultan ser los más considerados del Estado y han conseguido exportar su modelo a otras comunidades.