El Supremo suspende el concurso que adjudicó la programación de la TV Canaria

El Ministerio de Fomento obtuvo ayer una sentencia favorable a su posición -la primera, tras las derrotas en el Tribunal Superior de Canarias- en el pulso que mantiene con el Gobierno del archipiélago por la puesta en marcha de la televisión autonómica. El Supremo acepta un recurso del abogado del Estado por el que se obliga a "suspender cautelarmente los actos administrativos" que dieron origen a la concesión de la programación, a través de un concurso público, a la empresa Productora Canaria de Televisión, SA.

En un auto del que ha sido ponente el magistrado Nicolás Maurendi, el Supremo considera que el mencionado concurso "puede producir el resultado de dejar en manos de personas privadas actividades cuya gestión el legislador ha puesto especial énfasis en que sean desarrolladas por sociedades enteramente públicas".El auto del Supremo, dictado el día 5 del pasado mes de octubre y dado a conocer ayer, se pronuncia sobre la petición de suspensión cautelar hecha por el abogado del Estado, pero no entra en el fondo de la cuestión, esto es: "Si el objeto de la contratación litigiosa merece ser considerado como algo diferente de la gestión del servicio público".

El auto judicial resalta que la Ley del Tercer Canal -todavía vigente, aunque en trámite de modificación en el Congreso de los Diputados- autoriza la concesión estatal de un canal de televisión a cada comunidad autónoma, pero la gestión que se concede no puede ser transferida a terceros. Para el Supremo, esa ley declara "la prevalencia en materia de televisión de los intereses estatales" y "el propósito de que la gestión mercantil se lleve a cabo por sociedades de capital íntegramente público".

Una vez conocido el contenido de la sentencia, los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias anunciaron la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, una vez que la iniciativa sea aprobada en Consejo de Gobierno.

La empresa que obtuvo la concesión para el suministro de programas a la Televisión Canaria está formada al 60% por entidades y empresarios del archipiélago. El 40% restante es de Promoción de Actividades Audiovisuales en Canarias, una entidad en la que hay participaciones minoritarias de PRISA, Canal + Francia, Cajamadrid y BBV.

RTVC quiere continuar

Por su parte, la dirección del ente público de la televisión canaria mantuvo ayer una larga reunión para analizar las consecuencias de la sentencia. El director de la Radiotelevisión Canaria (RTVC), Jorge Bethencourt, precisó que, a efectos de la puesta en marcha de la programación, "no va a suponer la paralización del calendario de emisión". "Acatamos el fallo", puntualizó, "pero entendemos que obliga a suspender una licitación que ya está extinta, y no el contrato en sí o la propia emisión". No considera que se esté cuestionando el modelo de gestión, "porque no se ha entrado en el fondo de la cuestión".El director de la televisión canaria lamentó la judicialización del canal autonómico e insistió en que el auto "no dice que el contrato sea ilegal; lo que hace es, ante un conflicto entre Administraciones, dar la razón al Estado por ser el que concede la licencia para emitir. Este argumento no se sostiene en nuestra opinión".

El modelo canario de gestión de televisión autonómica, con dirección pública y elaboración privada de su programación, ha sido el principal caballo de batalla del conflicto que ha enfrentado a los nacionalistas canarios con el PP.