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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Pragmatismo

LA SOLUCIÓN definitiva al llamado caso Champalimaud, que ha enfrentado al BSCH con el Gobierno portugués y a éste con la Comisión Europea, deja un cierto regusto de insatisfacción. El banco español ha pactado con la Caixa Geral portuguesa, llamada apresuradamente por el Gobierno luso para interferir en la operación, repartirse el grupo Champalimaud y poner fin así al conflicto. El acuerdo cuenta con el beneplácito del Gobierno portugués, con la aquiescencia de la Comisión Europea y con el pleno convencimiento de todas las partes implicadas de que es mejor un acuerdor limitado que un desacuerdo que ocasione un conflicto interminable. Ésa es la buena noticia.La mala es que resulta muy difícil de creer que este acuerdo hubiera sido posible si Portugal no tuviera que asumir la presidencia europea a partir del 1 de enero. Hubiese sido muy poco presentable que la UE fuese dirigida por un país firmante del Tratado de la Unión, que en la práctica se ha comportado como un Estado defensor de las fronteras financieras nacionales, como si no existiese la Unión Europea, el espacio financiero único y los principios de libre circulación de capitales, de prestación de servicios bancarios y de establecimiento. Sin rubor, el Gobierno de António Guterres ha utilizado el poder del Estado para oponerse a una operación financiera libremente pactada por dos entidades privadas, con el pretexto de que una era portuguesa y la otra no. Y, por qué no decirlo, ha utilizado ese poder como un instrumento de presión a favor de una de las partes, que en este caso es Caixa Geral.

Es mejor tener un pacto que un conflicto, y así lo ha entendido de forma pragmática el BSCH. Que, dicho sea en honor a la verdad, pudo también haber iniciado la operación de Champalimaud con más tacto. Pero, dicho lo anterior, resulta evidente que el acuerdo sienta un precedente molesto y quizá peligroso. Nada impide que en cualquier operación transfronteriza que se prepare en el futuro uno de los Gobiernos copie el nacionalismo portugués y la boicotee hasta que se pliegue a sus deseos, bajo el manto de una supuesta defensa de los intereses nacionales.

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