Compensaciones

LA VOTACIÓN en el Parlamento de Vitoria de la moción de censura contra el consejero vasco del Interior, Javier Balza, sirvió para que lo que parecía un patinazo individual fuera solemnemente asumido por todo el Gobierno vasco, con el lehendakari a la cabeza. El debate demostró también la necesidad de encontrar alguna vía de diálogo entre las fuerzas democráticas, por encima de su adscripción al frente de Lizarra o al autonomista.El consejero Balza había dicho que era necesario "compensar" la desconfianza que la detención de Belén González Peñalva, Carmen, había sembrado en ETA. Tal vez quiso decir otra cosa, pero dijo eso, y un dirigente de su partido acabó de arreglarlo 24 horas después añadiendo que había que "dejar en suspenso la justicia penal". Ibarretxe no se limitó ayer a defender a su consejero, sino que ofreció implícitamente esa compensación al argumentar (confusamente) que es la sociedad vasca la que plantea la necesidad de compensar "no a ETA, sino la desconfianza suscitada por las detenciones". ¿Quién sino ETA es el sujeto de esa desconfianza?

Hasta las últimas elecciones, el consejero del Interior (Atutxa) y el lehendakari (Ardanza) fueron un factor institucional de equilibrio entre la deriva radical del PNV, visible desde hace años, y los sectores no nacionalistas de la sociedad. Actualmente, ese margen ha desaparecido: cada vez que el lehendakari, un gestor en funciones de ideólogo, opina políticamente repite los tópicos del sector más radical de su partido (inmovilismo de los demás, quieren que vuelva ETA, etcétera).

Desde sectores nacionalistas moderados y grupos pacifistas se pide comprensión: ETA hace depender la continuidad de la tregua de la existencia de avances del PNV y EA hacia el soberanismo, y en ausencia de diálogo con el Gobierno y de concesiones hacia los presos, no tienen más remedio que seguir haciendo gestos que ETA pueda presentar como éxitos propios tras el alto el fuego. Es decir, tienen que ofrecer compensaciones. Para romper esa dinámica terrible, los partidos nacionalistas no violentos tendrían que hacer frente públicamente -y no sólo en privado- a la prohibición de ETA, recordada ayer mismo por un dirigente de HB, de establecer pactos con las fuerzas no nacionalistas. Una mesa como la propuesta por Ibarretxe podría ser un marco idóneo de diálogo, pero la participación en ella del PP y el PSOE será imposible mientras se plantee como objetivo de partida sustituir el actual marco institucional por otro soberanista.

Garaikoetxea acusó ayer al PP de practicar un "inmovilismo rayano en la provocación al asegurar cosas como que ETA no mata porque no puede". Pero entonces, ¿cómo calificar las manifestaciones de los líderes nacionalistas que dicen que la detención de Carmen supone el incumplimiento por parte del Gobierno de un compromiso solemne ante testigos? ¿Y cómo la idea de que la justicia penal quede en suspenso mientras ETA roba dinamita y recauda extorsiones, y sus alevines incendian coches y negocios de disidentes?