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Subida a la cumbre

Antonio Elorza

No puede decirse que el del Gobierno español hacia la IX Cumbre Iberoamericana haya sido precisamente un camino de rosas. Surgidas al calor de la confusa celebración del V Centenario, las cumbres se han resentido de la heterogénea red de relaciones existentes entre los países miembros, repartidos además entre dos continentes. Las primeras reuniones tuvieron así momentos incluso penosos, con ejercicios de retórica de los presidentes en el uso de la palabra -recuerdo una intervención inefable del dominicano Balaguer - que parecían constituir una prueba evidente de su inutilidad.Con el tiempo, el foro ha ido confirmándose como espacio de convergencia y buena amistad entre jefes de Estado y de Gobierno, sin duda útil para un país como el nuestro que en los últimos tiempos ha incrementado su presencia económica en el mundo latinoamericano. Para nadie es un secreto que por eso mismo la irritación de los países del Cono Sur ante la demanda de extradición de Pinochet ha supuesto un obstáculo de cara a la normal celebración de la IX Cumbre, con la anunciada ausencia de protesta a cargo de los presidentes Frei y Menem y una preocupación evidente para un Gobierno como el de Aznar, tan bien ajustado a su papel de consejo de administración del capitalismo hispano.

En este orden de cosas, existe incluso el riesgo de que una representación de nivel inferior ponga sobre el tapete la protesta contra las actuaciones de los jueces españoles, o de un juez español, intentando procesar a los culpables de unos crímenes contra la humanidad, que el azar quiso que fueran también crímenes cometidos sobre ciudadanos españoles y sus descendientes inmediatos. El antiguo peronista y el hijo de aquel Frei que visitara la España republicana como dirigente juvenil de la Falange chilena han hecho cuestión de honor de la protección de sus criminales uniformados y no cabe excluir que acudan al argumento del neocolonialismo puesto sobre la mesa por Felipe González. En cambio, a la vista del comportamiento seguido en el caso por el Gobierno Aznar y por sus fiscales, nada indica que la dignidad de la justicia española sea defendida como el caso merece. Si el tema se plantea, Aznar esconderá la cabeza en lo posible al modo del avestruz. No es precisamente un Olof Palme.

Y queda Cuba. Tampoco Fidel Castro ha mostrado demasiada consideración hacia sus visitantes de los próximos días. Tanto en su discurso-río de las cinco horas como en las declaraciones de sus hombres de confianza, ejemplo el vicepresidente Carlos Lage en la entrevista publicada el lunes en este mismo diario, han mostrado tal voluntad persecutoria de toda disidencia que cabría aplicarles una etiqueta inspirada en el título del conocido libro de Régis Debray: represión en la represión.

De acuerdo con un tipo de argumentación que bordea la infamia, no sólo los disidentes sino cualquier manifestación crítica como las que hace más de un año expresara el obispo de Santiago reflejan la subordinación a los más espúreos intereses norteamericanos. Aquél que no es un borrego obediente se convierte en la encarnación de la antipatria. "Todo el que viole nuestras leyes siguiendo instrucciones de Estados Unidos puede ser detenido", resume Lage en el papel de voz de su amo. Es claro que, si los disidentes son "asalariados de la Sección de Intereses de Estados Unidos" y "traidores a la patria", lo que les espera en un futuro inmediato es la prisión.

Dicho de otro modo, el Gobierno castrista se prepara a acentuar su ya intolerable violación de los derechos humanos, y ahora, además, lo hace calumniando a las víctimas y anunciando un brillante futuro de eterno socialismo sin propiedad privada y con partido único. La pregunta que habría que formular entonces a nuestros representantes en la IX Cumbre es si fraternizar con semejante Gobierno y callar la defensa de los derechos humanos resulta compatible con las exigencias de la democracia.

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