El poder adquisitivo de los jueces subió el 20% en 10 años, según el Gobierno

El secretario de Estado de Justicia, José Luis González Montes, apoyó ayer la decisión del ministerio de no negociar con las asociaciones de jueces y fiscales ninguna subida salarial para el 2000 en que la pretendida pérdida de un 18,18% del poder adquisitivo de sus sueldos no sólo es incierta, sino que, por el contrario, un informe gubernamental revela que "han ganado poder adquisitivo", que se cuantifica por encima del 20% entre 1988 y 1998. Representantes asociativos se apresuraron a tildar tales datos de "imposibles" y "manipulados".

González Montes, tras reiterar las manifestaciones desplegadas en los últimos días en respuesta a las reclamaciones de jueces y fiscales e insistir en que el Ministerio de Justicia sólo negociará sobre la futura Ley de Retribuciones, aportó datos elaborados por Economía y Hacienda y asumidos por Justicia, según los cuales la pretendida pérdida de poder adquisitivo se convierte en ganancia de 1988 a 1998 "en la mayor parte de los casos entre un 20% y un 49%". Sólo en el escalón inferior de los jueces de ingreso admite una pérdida de poder adquisitivo de un 1,08% en ese periodo.

Los complementos

El secretario de Estado de Justicia reconoció que la evaluación del 18,18% de pérdida de poder adquisitivo asumida por las asociaciones fue realizada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se fundamentó en "el incremento acumulado de las retribuciones durante el periodo 1988-1998 y el incremento acumulado del IPC [índice de precios al consumo] durante el mismo periodo", teniendo en cuenta sólo los incrementos retributivos de cada año, pero sin tomar en consideración que en 1988, 1989 y 1990 se incrementaron "de forma sustancial los complementos de destino".Para ilustrar sus afirmaciones, González Montes utilizó varios ejemplos. Según uno de ellos, un magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid que cobrara en 1987 un total anual de 4.135.428 pesetas, en 1998 percibió 8.775.407, lo que significó un incremento del 212,20%, lo que, una vez deducido el 162,99% de incremento acumulado del IPC, da un aumento del poder adquisitivo del 49,21%.

Otro ejemplo similar respecto a un juez de lo Social de Valladolid ofrece un aumento del 26,59% y otro con un juez destinado en una localidad mediana no capital de provincia una subida del 8,1%. Según esos cálculos, sólo un reducido grupo de jueces, del escalón inferior, ha disminuido su poder adquisitivo en un 1%.

Preguntado sobre el resultado de tales cálculos a partir de la subida de sueldos realizada en 1989, durante la etapa de Enrique Múgica como ministro de Justicia, González Montes señaló que el aumento de poder adquisitivo de jueces y fiscales es de entre un 2% y un 4%.

En cuanto a la facilidad con que en 1998 se subió un 60% a los magistrados del Tribunal Supremo, el secretario de Estado de Justicia indicó que se trató de "un planteamiento distinto, por una iniciativa parlamentaria fundamentada en razones de tipo institucional y constitucional". Negó que ese procedimiento sea comparable a la reclamación por pérdida de poder adquisitivo y apuntó a esa vía como la adecuada para elevar las retribuciones de jueces, magistrados y fiscales en el anteproyecto de Ley de Retribuciones, que Justicia desea dejar hecho antes de que acabe la legislatura.

Requerido sobre los sueldos judiciales en Europa, González Montes sólo aportó los de Francia y Alemania (ver cuadro adjunto). Preguntado sobre los actuales sueldos judiciales en el Reino Unido que, según un informe del CGPJ, eran de entre 1,1 millones y 600.000 pesetas mensuales netas a finales de los años ochenta, González Montes contestó que no lo había "verificado, ya que los sistemas jurídicos angloamericanos son muy diferentes".

Aprobada la huelga de jueces

Mientras tanto, el 14º congreso de Jueces para la Democracia, clausurado ayer en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) aprobó, sin votos en contra y con tres abstenciones, "la legitimidad constitucional y a nivel de legalidad ordinaria del ejercicio del derecho de huelga por parte de jueces y magistrados". La asociación judicial progresista recuerda que la Constitución sólo prohíbe la afiliación a partidos políticos y sindicatos, por lo que no puede considerarse limitado el derecho fundamental de huelga, al no estarlo expresamente.Ricardo Bodas, uno de los negociadores de la subida salarial por esta asociación, consideró ayer "imposibles" los cálculos ofrecidos por Justicia, habida cuenta de "las varias congelaciones salariales de los años noventa". En todo caso, pidió que Justicia contraste sus datos con los del CGPJ, que fue quien evaluó la pérdida de poder adquisitivo.

José Luis Requero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, acusó a Justicia de "mala fe" y de "manipular" los datos, expresión empleada también por José Luis González Armengol, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 12 de noviembre de 1999.

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