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EL 'CASO TELEFÓNICA'

El Congreso deja en suspenso los incentivos de Telefónica hasta que los aprueben los accionistas

El Grupo Parlamentario Popular e Izquierda Unida acordaron ayer en el Congreso dos enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del 2000 que persiguen poner límites a las denominadas opciones sobre acciones. Una de ellas, también aprobada por el PSOE, supone dejar en suspenso los dos planes multimillonarios de Telefónica para remunerar a 100 directivos, incluido su presidente, Juan Villalonga, hasta que los apruebe una junta de accionistas. La segunda, rechazada por los socialistas, establece en 2,5 millones de pesetas anuales el límite para obtener ventajas fiscales.

Jaque mate a las stock options (opciones sobre acciones) de Telefónica, tras la aprobación ayer en la Comisión de Economía del Congreso de dos enmiendas al proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del 2000. Se trata de dos transaccionales presentadas por el PP a otras dos enmiendas de IU, que deberán ser ratificadas en el pleno que apruebe los Presupuestos del año que viene.La primera de ellas contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, incluido el socialista, por lo que saldrá adelante con toda seguridad. Supone la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas y exige que el ejercicio y la venta de los derechos de opción sobre las acciones de una sociedad, concedidos antes del 1 de enero del 2000, sean aprobados por la junta de accionistas.

Esto afecta a los administradores (consejeros) y a los directivos de la sociedad y requiere que la junta de accionistas apruebe estos incentivos, caso por caso, si antes no se han introducido en los estatutos de la empresa. Aquí se incluirían los dos planes de Telefónica, del año 1997 y de junio pasado, que no fueron detallados en los estatutos y que no fueron aprobados de forma específica por la junta de accionistas.

Quedan por tanto en el aire las remuneraciones, por un valor de entre 30.000 y 45.000 millones de pesetas, que el presidente de la compañía, Juan Villalonga, y un centenar de directivos se han autoconcedido a través de las opciones. Que una próxima junta tenga que aprobar los dos planes obligará a Villalonga a afrontar el malestar generado por la operación entre los accionistas de Telefónica.

Mientras los directivos se garantizaban estas ganancias, blindadas en el caso de pérdida de valor de los títulos, este año, por primera vez, no se han repartido dividendos entre los accionistas. Tras el escándalo, que se ha convertido en un símbolo de la cultura del enriquecimiento rápido en la etapa del PP, el propio Villalonga ha anunciado que él y los demás titulares de las opciones las cobrarán en acciones y no podrán venderlas hasta pasados cinco años.

La segunda enmienda no ha contado con el voto del PSOE, pero también ha sido aprobada con el respaldo de PP, IU y los nacionalistas de CiU, PNV y Coalición Canaria. En ella se endurece el tratamiento fiscal de las opciones sobre acciones, de forma que la reducción del 30% de que disfrutan sólo se podrá aplicar a las ganancias que no superen los 2,5 millones de pesetas anuales, si han transcurrido más de dos años entre la suscripción del derecho y su realización. Desde ese momento tributarán al 48%. La medida se aplica desde el pasado 1 de octubre.

Según el portavoz del PSOE, Luis Martínez Noval, esta modificación de la Ley del IRPF debería haber nacido de un profundo debate y no "aprovechando la tramitación de la Ley de Acompañamiento". El PP e IU justificaron ambas reformas en la necesidad de proteger los derechos de los pequeños accionistas, dar mayor transparencia al sistema de opciones y establecer una fiscalidad más equitativa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de noviembre de 1999

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