El Gobierno portugués y Champalimaud llegan a un acuerdo sobre la alianza con el BSCH

El Gobierno portugués y el grupo financiero luso Champalimaud alcanzaron en la noche de ayer un acuerdo para desbloquear la alianza pactada por Champalimaud con el banco español BSCH y que fue vetada en junio por el Ejecutivo de Portugal. El acuerdo, cuyos flecos se estaban ultimando anoche, según fuentes españolas cercanas a la operación, supondrá la división del grupo portugués entre el BSCH y la portuguesa Caixa Geral.

El compromiso logrado ayer, tras cinco meses de enconada batalla del Gobierno portugués con la Comisión Europea -que la pasada semana decidió denunciar a Portugal ante el Tribunal de Luxemburgo- pasa por repartir el grupo financiero Champalimaud. Así, el BSCH pasaría a controlar el Banco Pinto & Sotto Mayor y el Crédito Predial Portugués, mientras que la entidad pública Caixa Geral de Depósitos se quedaría con la aseguradora Mundial Confiança y con el Banco Totta & Azores.De acuerdo con las informaciones manejadas por los medios de comunicación de Portugal, Caixa Geral podría vender posteriormente a otras entidades tanto la aseguradora Mundial como el Totta & Azores.

En la noche de ayer, el Banco Comercial Portugués (BCP) - que a raíz de la alianza BSCH-Champalimaud y el consiguiente veto gubernamental lanzó operaciones de compra de acciones sobre Mundial Confiança y los bancos del grupo Champalimaud- aseguró que mantendrá sus ofertas independientemente de quiénes sean los accionistas que controlen estas instituciones.

El acuerdo puede haber sido forzado, según medios portugueses, por la firme postura demostrada por la Comisión Europea contra el veto del Gobierno a la alianza Champalimaud-BSCH y por la necesidad de encarar el periodo de presidencia portuguesa de la Unión Europea, el próximo mes de enero, sin un contencioso abierto en Bruselas.

Fuentes próximas a la operación, confirmaron anoche que el acuerdo para desbloquear la alianza BSCH-Champalimaud era inminente, si bien, aseguraron que aún quedan algunos flecos por cerrar, con lo que la confirmación oficial del acuerdo podría producirse hoy mismo o en los próximos días.

El contencioso que ha enfrentado a Lisboa con Bruselas comenzó hace ya cinco meses, cuando el BSCH español anunció la compra de un 40% del grupo Champalimaud, a través de una alianza de participaciones accionariales cruzadas que daba, a su vez, el control de un 1,6% del BSCH al grupo financiero portugués.

Champalimaud cuenta con entidades en el área de seguros, como Mundial Confiança, banca al por menor (Pinto & Sotto Mayor, Totta & Azores y Crédito Predial) y banca mayorista. La valoración de las participaciones del BSCH y del resto de los intercambios que integran esta operación podría ser del orden de 200.000 millones de pesetas. Además, el acuerdo señalaba que el Banco Pinto & Sotto Mayor, integrado en este Grupo, tomaba el 48% del Banco del Grupo BSCH en Portugal y del 20% del banco en Brasil, lo que permitiría su acceso al mercado brasileño. A cambio, la entidad española tomaba un 13,5% del Grupo Pinto Sottomayor.

En banca mayorista, ambos socios constituían un holding al 50% y está previsto que las participaciones cruzadas de ambos grupos se concentren un único holding que ambos socios sacarán a la Bolsa de Lisboa en un plazo máximo de tres años.

Presidencia

El acuerdo dejaba a Antonio Champalimaud como presidente del grupo, mientras que el copresidente del BSCH, José María Amusátegui se convertía en vicepresidente. Champalimaud pasaba a formar parte además del Consejo Asesor Internacional del BSCH.La operación, la mayor realizada en el sector financiero entre España y Portugal se estrelló contra la oposición del Gobierno portugués. El 18 de junio, apenas 11 días después dell acuerdo, el Ministerio de Finanzas portugués anunció formalmente su veto a la alianza.

En julio, la Comisión Europea suspendió de forma cautelar el veto y a principios de agosto, Bruselas autorizó la alianza BSCH-Champalimaud. Portugal ignoró la postura de la Comisión Europea y mantuvo que el banco español no había cumplido los requisitos exigidos por la ley portuguesa en materia de finanzas y seguros. Bruselas abrió en septiembre un procedimiento de urgencia contra Portugal y la pasada semana culminó su posición de fuerza con la decisión de denunciar al Gobierno luso ante el Tribunal de Luxemburgo.