Las prisiones vascas han visto reducida su población reclusa a 1.079 presos en este lustro

Los tres centros penitenciarios del País Vasco -Nanclares de la Oca, Martutene y Basauri- han visto reducida su población reclusa global en los últimos cinco años en un 30%, al haber pasado de los 1.503 internos que acogían en 1995 a los actuales 1.079. Tanto desde la dirección general de Instituciones Penitenciarias como desde las direcciones de los centros atribuyen este descenso a la apertura de nuevas cárceles en comunidades autónomas próximas que han supuesto un desvío de reclusos, principalmente a Castilla-León y Galicia.

Esta importante variación ha afectado más al establecimiento alavés, el mayor de los tres, y con una población actual de 570 presos, frente a más de 900 hace cinco años. El director de Nanclares de la Oca, Jesús Moreno, apunta que el plan de amortización de establecimientos penitenciarios impulsado en 1991 por el Ministerio de Justicia y la apertura de centros-tipo con mayor capacidad "han permitido redistribuir toda la población con otros criterios".Lo más significativo es que la tendencia experimentada en el País Vasco se contrapone con los datos generales de todo el Estado. Sólo en los últimos cuatro años, el número de internos de las cárceles dependientes de la dirección de Instituciones Penitenciarias ha pasado de 36.037 a los actuales 39.160, lo que representa un crecimiento del 8,6%.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias subrayan que la paradoja que supone que las cárceles vascas hayan visto decrecer su número de reclusos no se debe a ninguna estrategia general ni relacionada con la necesidad de hacer sitio de los presos de ETA.

El cambio se atribuye a la promulgación del nuevo código penal en mayo del año 96. Éste supuso por un lado la excarcelación de bastantes presos, pero también la supresión de la reducción de pena por el trabajo, lo que mantiene a los reclusos más tiempo en prisión", indican desde el organismo penitenciario.

Precisamente, un informe del Consejo General del Poder Judicial anterior al verano y dirigido al Parlamento y al Gobierno central mostraba su preocupación por al aumento de la población interna derivado de esta nueva legislación del año 96. El nuevo código establece medidas más duras para los delitos contra el patrimonio lo que ha aumentado el número de encarcelaciones.

Desde Instituciones Penitenciarias señalan a las prisiones de Topas, en Salamanca, y Dueñas, en Palencia, como las principales receptoras de reclusos, principalmente extranjeros. "Hay regiones en las que el despoblamiento -Castilla y León sobre todo- incide en el número de reclusos", señalan desde Madrid. "Al no llenar con los presos autóctonos, se recoge una importante población extranjera". Por su parte, Andrés Gonzalo, director de Martutene, un centro que ha visto decrecer su población reclusa de 350 presos en 1993 a 250 en estos momentos, cree que la revisión de condenas con el código nuevo supuso un gran volumen de libertades.