Telefónica y Airtel deniegan a la policía la identidad de los titulares de teléfonos móviles

Telefónica y Airtel se niegan a desvelar a la policía judicial la identidad de los titulares de los teléfonos móviles sin tarjeta, que hoy suman más de cinco millones y medio de unidades. Las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen que presentar una orden judicial cada vez que necesitan conocer a quién pertenece un móvil, pese a que un informe de la Agencia de Protección de Datos reconoce la legalidad de estas consultas. Las compañías argumentan el derecho a la intimidad y privacidad de sus clientes, y aseguran que casi todos ellos han pedido que su nombre no figure en una guía interna de la empresa.

El gabinete de coordinación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y Telefónica facilita, en minutos, las peticiones sobre los titulares de los teléfonos fijos, más de 17 millones de aparatos, pero deniega las que afectan a móviles. Según la policía, esta negativa supone un atraso en sus pesquisas, ya que se ven obligados a solicitar un mandamiento judicial para conocer la identidad de sus titulares. El auto puede tardar semanas en tramitarse.El servicio jurídico de la compañía que preside Juan Villalonga es rotundo: el 99% de los titulares de los móviles, 3.510.000 personas, firma un contrato en el que manifiesta su deseo de no aparecer en una guía interna de la compañía. Por ello, la empresa entiende que la titularidad de sus clientes está bajo el secreto de las comunicaciones que recoge el artículo 18.3 de la Constitución. Y para levantarlo hace falta un mandamiento judicial.

La negativa de Telefónica contrasta con la opinión de la Agencia de Protección de Datos, quien en un reciente informe de su gabinete jurídico reconoce la legalidad de facilitar las titularidades de los télefonos sin mandamiento judicial, siempre que la policía informe posteriormente de esas averiguaciones previas al juez o al fiscal. Y siempre que concurran las circunstancias del artículo 20 de la ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (LORTA).

Según el citado artículo, la policía puede recoger y tratar esa clase de datos, sin el control de jueces, fiscales o tribunales, cuando sean necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, y cuando sean "absolutamente necesarios" para los fines de una investigación concreta. No obstante, se exige que sean peticiones "concretas y motivadas". No se permiten peticiones masivas de datos.

El dictamen de la Agencia de Protección de Datos se ha elaborado a raíz de una consulta de una operadora de telecomunicaciones que se acaba de dirigir a este organismo, dirigido por Juan Manuel Fernández, para que le manifieste su opinión sobre este caso. Jesús Rubí, adjunto al director, señala que la opinión de la Agencia es un criterio general y que a la hora de aplicarlo hay que conocer cada caso concreto.

La policía judicial, amparándose en este artículo de la LORTA, acusa a Telefónica y a otros operadores de incumplir la ley y asegura que todas sus peticiones sobre la titularidad de los móviles cumplen "escrupulosamente" las exigencias de esa ley del 29 de octubre de 1992. En varias ocasiones, los comisarios responsables de distintas brigadas han expresado sus quejas a la comisión de coordinación de Policía Judicial. Y ésta se ha dirigido a la Agencia de Protección de Datos.

Los policías judiciales se quejan de la interpretación garantista de Telefónica y aseguran que para esta compañía "los teléfonos fijos son públicos y los móviles por definición secretos". ¿Qué diferencia hay entre un fijo y un móvil?, se quejan dos responsables de la brigada de blanqueo de capitales.

En Airtel, que tiene 1.600.000 abonados a móviles con contrato, la versión de la compañía es similar a la de Telefónica. "Sin mandamiento judicial no damos la identidad de nadie, aunque nos digan que de ese dato depende la detención de varias personas", señala un portavoz de la compañía. Este operador esgrime la LORTA y la Constitución como soporte legal a su posición.

La policía asegura que el contrato de un móvil es "un contrato de servicios" y argumenta que otras compañías de servicios, como la del gas, el agua y la luz, les facilitan la identidad de sus titulares sin necesidad de presentar un mandamiento judicial. Además, señalan que algunos jueces y fiscales se niegan a facilitarles la orden judicial porque entienden que no era necesario.

En Málaga, en el marco de una investigación por blanqueo de capitales, la fiscalía se negó a pedir un auto judicial para consultar la titularidad de un teléfono. Airtel le contestó por escrito que, sin auto judicial, no desvelaría el nombre de su cliente.