A la mano del Gobierno

AL GOBIERNO se le ha vuelto como un bumerán su generosa receptividad a las demandas salariales de los magistrados del Tribunal Supremo, a los que apenas hace dos años subió de golpe sus retribuciones en un 60%. Desde entonces, ese antecedente enrarece, tensiona y entorpece la búsqueda de una solución racional a las demandas de mejora salarial que plantean los 3.000 jueces restantes.Es evidente que la esplendidez presupuestaria de que hizo gala el Gobierno con los 80 jueces del Supremo no es extendible al resto de la profesión. Pero el Ejecutivo debería mostrar idéntico interés a la hora de resolver un problema que es bien real. Por una parte, su capacidad adquisitiva ha descendido en un 18% durante los últimos 10 años, y ya no pretenden, como plantearon en un principio, colmar ese desfase de golpe. Por otra parte, su condición de poder del Estado impide a los jueces sindicarse, y ni siquiera están representados en la mesa de negociaciones entre el funcionariado y el Gobierno. Si sus reivindicaciones salariales no obtienen respuesta, será inevitable una mayor sindicalización de las asociaciones profesionales, lo que sería lamentable desde todos los puntos de vista.

Poner sobre la mesa como única e innegociable respuesta a esos argumentos y demandas una subida del 2%, sin el acompañamiento siquiera de un fondo a repartir en concepto de productividad, como el resto de los funcionarios, es estrambótico. Los jueces han dado marcha atrás en el disparatado argumento, insinuado por algunos, de vincular determinado aumento salarial, en este caso un 25%, a la independencia judicial.

Para evitar estar sometidos a esta situación de debilidad frente a la Administración -que como parece lo mismo puede subir a unos el 60% que dar a otros un 2% acordado en una mesa de negociación ajena- los jueces necesitan una ley de retribuciones que fije, a largo plazo, sus escalas salariales y mecanismos estables para su actualizacion. No es un privilegio, sino una medida indispensable para garantizar su nivel retributivo y para que la justicia funcione mejor. Lo lamentable es que esa ley, prevista en 1985, siga inédita tantos años después. Será una tarea urgente para la próxima legislatura, ya que parece imposible de aprobar en los restos de ésta. Mientras tanto, el Gobierno habrá de habilitar un paquete de emergencia para cumplir con los jueces.