Justicia alega que nadie enmendó los Presupuestos a favor de los jueces

El secretario de Estado de Justicia, José Luis González Montes, indicó el miércoles pasado a los representantes de las asociaciones de jueces y fiscales, que ningún grupo parlamentario del Congreso había presentado enmiendas a los Presupuestos para el 2000 en favor de la subida salarial de estos colectivos, de donde dedujo que ninguna fuerza política apoya esa petición. Por su parte, la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, negó ayer que se comprometiera a negociar sólo el aumento de sueldos.

La falta de enmiendas al proyecto de Presupuestos en favor del aumento salarial de jueces y fiscales fue esgrimida por González Montes como prueba de la soledad de los portavoces asociativos y del consenso parlamentario con que cuenta la postura del Gobierno, según algunos asistentes a la reunión. El argumento de González Montes se produjo, según esas fuentes, en su intervención de más de media hora, iniciada con el reproche sobre las noticias divulgadas por los medios de comunicación y seguida con el recuento de los logros gubernamentales en materia de justicia, que el departamento no estaba dispuesto a echar por tierra mediante la aceptación de la petición salarial.Después comunicó que el Ejecutivo no concede incrementos retributivos por encima del 2%, y que el ministerio sólo estaba dispuesto a hablar de la futura Ley de Retribuciones. Los representantes asociativos recordaron que, casi agotada la legislatura, se trata de una ley "hipotética", pero González Montes vaticinó la continuidad en el poder y aseguró que el trabajo realizado influirá para la futura ley.

Sin margen para flexibilizar

Según Javier Martínez Lázaro, de Jueces para la Democracia, la actitud de González Montes "no dejó margen para flexibilizar la reclamación salarial y sólo desencadenó la ruptura".Sin embargo, Mariscal de Gante responsabilizó ayer a los representantes asociativos de "no querer dialogar" y negó que existiera mala fe por parte de su departamento, ya que, "en ningún momento el Gobierno se comprometió a hablar exclusivamente de subida salarial". El portavoz del Ejecutivo, Josep Piqué, afirmó que las demandas "no son asumibles".

En cambio, el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, recordó el 60% de incremento a los magistrados y fiscales del Tribunal Supremo aprobado por el Gobierno y estimó necesario solucionar tal "desigualdad salarial" y superar el "abismo" entre las retribuciones.

Mientras que el PSOE no se pronunció sobre el problema, por IU Pablo Castellano calificó de "grave error" plantear reclamaciones salariales con "argumentaciones esotéricas" sobre conflicto de poderes, y el portavoz de CiU, Manuel Silva, negó que exista ese conflicto y lamentó que terminara el plazo de enmiendas para incluir un aumento en los Presupuestos del 2000. Margarita Uria, del PNV, indicó que aludir a un conflicto entre poderes es un "exceso verbal francamente desafortunado".

En cuanto a las medidas que decidirán jueces y fiscales la próxima semana, Benigno Varela, portavoz del Consejo del Poder Judicial, institución que apoyó la reclamación salarial, aseguró que el derecho a la huelga de los jueces "no es legítimo", criterio que no comparten todos los jueces. Para el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Luis Requero, queda claro que "el Ejecutivo sólo entiende el lenguaje de la fuerza".