Una camisa de fuerza para Venezuela

ENVIADO ESPECIALLa Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la libertad económica en Venezuela "sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y las leyes". La definición resultó contradictoria para aquellos constituyentes y analistas temerosos de que los topes establecidos en cuatro artículos del capítulo VIII se impongan a la libertad y frenen las privatizaciones, principalmente en el sector de hidrocarburos. La Carta Magna de Venezuela, a contracorriente de la mayoría de las existentes, incorpora en su anteproyecto numerosas reglas macroeconómicas y acuerdos entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central que corresponden a las leyes o normas que desarrollará en su día la Constitución.

Los críticos de la actual redacción advierten de que el excesivo número de acotaciones técnicas elevadas a la categoría de rango constitucional, los muchos objetivos y los pocos mecanismos para conseguirlos, tejen una camisa de fuerza a los Gobiernos venideros, y reducirán su margen de maniobra en asuntos fiscales o monetarios. La Carta Magna tiene 395 artículos, y rebajarla hasta 250 es la petición de varios expertos.

Aunque nada estará decidido hasta la segunda lectura, el empresariado -que sospechaba su despojo por la revolución del presidente, Hugo Chávez- respiró aliviado al haber quedado consagrados el derecho a la propiedad y a la disposición de los bienes.

Las discusiones registradas en la Asamblea, controlada por la mayoría gubernamental, 121 de 131 escaños, diseñan el perfil de las prestaciones sociales, el marco de actuación de una economía mixta, prohíben la privatización de Petróleos de Venezuela, que aporta el 40% de los ingresos fiscales, y marcan las pautas a la inversión extranjera. La Gaceta Oficial, en última instancia, concretará las normas a debate.

La calle observa de soslayo los debates. "Ay, mi amor, no me hables de la economía. Es ho-rro-ro-so lo que estamos pasando", dice una señora. Otro ironiza: "Vivimos como reyes". Venezuela vive postrada económicamente y la Asamblea elegida el 25 de junio sienta los fundamentos del nuevo modelo, pretende una mayor disciplina fiscal y reglamenta en detalle, explican sus portavoces gubernamentales, para prevenir la irrupción de eventuales francotiradores en el Gobierno y consolidar la justicia distributiva.

Problemas para la banca

Los constituyentes aprovechan bastantes artículos de la Constitución de 1961, pero los aprobados en el Título III de la discutida en Caracas no serán bien recibidos en la banca, pues prácticamente cierran el paso a la posibilidad de crear fondos de pensiones privados, muchos de ellos manejados en América Latina por bancos extranjeros, entre ellos españoles. La Seguridad Social no debe convertirse en una actividad lucrativa, según la Asamblea encargada de redactar la Constitución, que será sometida a referéndum en diciembre, después de un periodo de reflexión de 30 días tras la conclusión de los trabajos en curso. El 30% de los venezolanos con capacidad de cotizar difícilmente podrá financiar las necesidades del 70%, entre informales y desempleados, que no cotizan. El Estado debe garantizar las prestaciones a todos por razones de solidaridad, y los fondos de pensiones privados no garantizan esa solidaridad, argumenta el Gobierno."No creo que sea un problema bancario. Lo que no podemos es darle esos caudales enormes de capital al sector especulativo para que pueda tener enormes rendimientos", señala Freddy Gutiérrez, constituyente de Patria Para Todos, una de las tres fuerzas de la coalición gubernamental Polo Patriótico. "No digo que no haya seguros privados, y quien quiera tener un seguro de vida puede poseerlo, pero es distinto el seguro lucrativo de la Seguridad Social".

La mayoría de los países de América Latina reformó sus sistemas de salud con la legalización de la administración privada de los fondos de pensiones. "Eso quedaría prohibido aquí por rango constitucional. Estaríamos poniéndole una traba al ahorro y al desarrollo del país", declara Luis Henrique Ball, expresidente de la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria). "Se pretende que seamos una isla frente al proceso de globalización. Algunos no se han enterado de que el muro de Berlín ya cayó. Vienen con un lastre ideológico demasiado pesado".

Una parte del Polo Patriótico, señalan algunos analistas, entiende la globalización como la rendición nacional al "neoliberalismo salvaje", la claudicación ante el capital especulativo o aquel, nacional o extranjero, que forjó negocios y mafias con los partidos Acción Democrática (AD), socialdemócrata, y Copei, democristiano. El economista Guillermo Ortega, asesor de la ANC, admite que hay artículos susceptibles de mejorarse, ya que endosan cargas financieras al Estado, no precisadas aún, en seguridad social, salud y educación. No está de acuerdo, sin embargo, con quienes denuncian que todo un programa económico de Gobierno entrará en la ley fundamental.

El anteproyecto dota de rango constitucional a nuevos mecanismos contables para manejar el déficit fiscal, entre ellos el que impide mezclar ingresos ordinarios con los extraordinarios, fuente de muchas trampas. El Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela acordarán objetivos económicos de los que deberán rendir cuentas públicamente. El ente emisor no podrá financiar políticas deficitarias en el orden fiscal y tendrá un límite en su endeudamiento. El actual titular, Antonio Casas, discrepa con los controles y con las facultades de fiscalización otorgadas al Legislativo.

Vladimir Chelminski, director de la Cámara de Comercio de Caracas, piensa que, aunque el nuevo contrato social incorpora cambios positivos en elecciones y derechos civiles, profundiza en un modelo estatista fracasado. "Este imperante modelo puede resumirse en los siguientes términos: tenemos un país inmensamente rico; en nombre de todos sus moradores, el Estado se reserva y administra directamente toda esa riqueza para repartirla de manera justa". El petróleo sigue aportando al fisco 8.000 millones de dólares anualmente, pero con el tiempo, agrega el Ejecutivo, esa cantidad perderá valor y las necesidades sociales superarán la capacidad del Estado.