Una reclamación avalada por el Poder Judicial y que los magistrados consideran parte de un compromiso

Los representantes de las asociaciones de jueces y fiscales, que mantienen con firmeza su reclamación salarial para el año 2000, recuerdan que cuentan con el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que el aumento retributivo que demandan no es gratuito, sino a cambio de un compromiso de utilización razonable de los recursos de la Administración de Justicia.Las conversaciones con el Ministerio de Justicia se vienen produciendo desde hace tres años, según recuerda uno de los más veteranos miembros de la mesa negociadora, el portavoz de Jueces para la Democracia Ricardo Bodas, quien invoca también el acuerdo del pleno del CGPJ celebrado el pasado 16 de junio, según el cual el órgano de gobierno de los jueces decidió "apoyar incondicionalmente las pretensiones de incremento retributivo de éstos [jueces, magistrados y fiscales], comprometiéndose a realizar las gestiones oportunas para que tal incremento sea una pronta realidad".

Además de efectuar los cálculos para cuantificar en un 25% el incremento retributivo, el CGPJ encuadró la subida de sueldos en su propósito de cumplimiento del Libro Blanco de la Justicia, mediante el establecimiento de módulos mínimos de trabajo y la percepción de remuneraciones complementarias por parte de aquellos jueces y magistrados que superen esos mínimos. Con este sistema, el CGPJ trata de retribuir el aligeramiento de los atascos que sufren numerosos órganos judiciales.

Bodas explica que "la autorregulación del trabajo de los jueces ha fracasado, tanto por la tardanza como porque se ha demostrado que, en igualdad de condiciones, unos trabajan más que otros". De ahí que el sistema de módulos y de complementos a la productividad sea un mecanismo "para utilizar de manera razonable los recursos disponibles, en beneficio de los ciudadanos".

El aumento retributivo implica, según este negociador, no sólo la recuperación del poder adquistivo del colectivo de jueces, sino también el respaldo a la política retributiva del CGPJ.