Los jueces responderán con una concentración nacional si el Gobierno no les sube los sueldos

La posible negativa gubernamental a una subida satisfactoria de los sueldos de jueces y fiscales será respondida con una concentración en Madrid de las cúpulas judiciales de las 17 comunidades autónomas -en total, unos 120 magistrados- para decidir medidas de presión con los representantes de las asociaciones judiciales y fiscales. Previamente, los dirigentes asociativos se reunirán mañana con altos cargos del Ministerio de Justicia para conocer la subida provisional de sueldos que ofrece el Gobierno para el año 2000, mientras se elabora la futura Ley de Retribuciones.

El encuentro con la Administración, representada por el secretario de Estado de Justicia, José Luis González Montes, está previsto para la tarde de mañana, tres días después de que acabara el plazo fijado en la reunión del 27 de septiembre último: segunda quincena de octubre.Las cuatro asociaciones de jueces y las dos de fiscales acuden al ministerio "con el mejor ánimo de diálogo", en expresión de Santiago Martínez-Vares, presidente de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), pero con una "posición firme", según Ricardo Bodas, portavoz de la progresista y minoritaria Jueces para la Democracia.

Una de las informaciones que jueces y fiscales esperan de la Administración es la explicación de las claves de la futura Ley de Retribuciones, aun cuando es conocido que no hay tiempo parlamentario hábil para su aprobación en la presente legislatura. Uno de los elementos esenciales de ese proyecto de ley es, según los colectivos de jueces y fiscales, la recuperación del 18% del poder adquisitivo perdido, más un 7% para remunerar los aumentos de productividad; es decir, en total un 25% de incremento, según evaluaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

No a una subida del 2%

Al margen del contenido del proyecto de Ley Retribuciones, jueces y fiscales esperan una oferta remunerativa provisional, aplicable desde el 1 de enero del año 2000, y que, aunque no es de esperar que llegue al 25%, tampoco es aceptable que se quede en el 2% previsto para el resto de la función pública.Bodas explica que, en caso de que el Gobierno establezca para el 2000 una subida del 2%, "estaría reduciendo comparativamente la remuneración de jueces y fiscales, ya que los funcionarios dependientes del Ejecutivo perciben, además del 2%, otros 13.000 millones de pesetas en concepto de complementos de productividad".

La avanzada tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2000 no es considerada por jueces y fiscales justificación suficiente para limitar el aumento salarial al 2%, ya que consideran posible acudir a la fórmula de créditos extraordinarios, como ya ocurrió con la subida retributiva para los magistrados del Supremo.

A pesar de que Martínez-Vares insiste en que, "por un mínimo respeto a la otra parte", hay que esperar a que "nos sentemos", dijo, "a hablar", la respuesta negativa a un aumento provisional satisfactorio de los sueldos de jueces y magistrados producirá de inmediato, según el compromiso de las seis asociaciones, una concentración de las cúpulas judiciales de toda España, probablemente en la sede del CGPJ, aunque ese extremo todavía no es seguro.

Cúpulas judiciales

La previsión es que se reunieran en Madrid las cúpulas judiciales de toda España -con excepción de la del Supremo-,constituidas por los 17 presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, los 50 presidentes de las Audiencias Provinciales y los 50 decanos de las capitales de provincia. En total cerca de 120 magistrados con responsabilidades de gobierno de los jueces en toda España.Los integrantes de estas cúpulas judiciales se reunirán, en su caso, con los representantes de las asociaciones de jueces y fiscales. La concentración, cuya fecha no está aún fijada (para caso de que se considere necesaria), serviría para discutir medidas de presión simbólicas efectivas, "pero que no puedan verse como una agresión a los ciudadanos", en palabras de Bodas.

Aunque los representantes asociativos descartan la convocatoria de una huelga formal, fuentes judiciales sugieren, entre las medidas a discutir en la concentración mencionada, un paro general de un cuarto de hora, "de gran repercusión simbólica". Los portavoces esperan que no sea necesario.