El Gobierno central recurrirá al Constitucional si Guipúzcoa sube las pensiones no contributivas

El Gobierno del PP acudirá al Tribunal Constitucional para recurrir el incremento de las pensiones no contributivas en Guipúzcoa si finalmente se aprueba una subida del 22,84% propuesta por la Diputación. Tal y como ha sucedido con la Junta de Andalucía y la Generalitat de Cataluña, el Gabinete de José María Aznar utilizará la vía judicial para impedir la existencia de desigualdades en la concesión de las prestaciones sociales que reciben los pensionistas en el conjunto de España. El recurso no afectaría a las pensiones asistenciales, para las que se prevé un aumento del 87,01%.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio, anunció ayer en Madrid la intención del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional la subida del 22,84% de las pensiones no contributivas que pretende aprobar la Diputación de Guipúzcoa. Justificó su decisión de acudir a la vía judicial si finalmente la medida anunaicda el jueves por el diputado general, Román Sudupe, se transforme en un texto legal para defender "el principio de no discriminar ni a las pensiones ni a los pensionistas en relación con el resto de los territorios".La Diputación de Guipúzcoa está decidida a incorporar en los Presupuestos del año 2000 una modificación de la cuantía económica de las pensiones por invalidez y por jubilación, establecidas actualmente en 37.960 pesetas mensuales, que pasarían a ser de 14 pagas de 46.663 pesetas al mes si prospera la iniciativa de Sudupe. Este aumento supone un incremento anual cifrado en 121.422 pesetas.

Aparicio puso en duda la aprobación de esta medida, puesto que "muchas veces las acciones no coinciden con lo que se dice", si bien se apresuró a comunicar que el Ejecutivo central presentará un recurso de inconstitucionalidad para impedir que las pensiones sufran desequilibrios en el conjunto del Estado.

El recurso se sumaría a los interpuestos, por idénticos motivos, contra la Junta de Andalucía y la Generalitat catalana. La Administración andaluza, respaldad después en su competencia por el Constitucional, aprobó un decreto para abonar en una sola paga la cantidad de 9.395 pesetas (un aumento global del 3,6%), mientras que la catalana subió entre 6.000 y 8.000 pesetas para compensar las pensiones más bajas. En Guipúzcoa se plantea un salto de 121.422 pesetas anuales. Estas cantidades serán satisfechas con cargo a los Presupuestos forales, puesto que la Administración central sólo cubre las cuantías fijadas por el propio Gobierno central.

Respecto al aumento del 87,01% de las pensiones asistenciales -las acogidas al Fondo de Bienestar Social y la Ley de Integración Social de los Minusválidos-, que suponen un suplemento de 303.772 pesetas anuales para 1.402 personas, el secretario de Estado de la Seguridad Social señaló que el Ejecutivo del PP no emprenderá ninguna acción, pues escapa de sus competencias.

El PSE-EE de Guipúzcoa, a través de su secretaria de Política Social, Gemma Zabaleta, tachó de "propaganda gratuita" la medida de subir las pensiones. Criticó al PNV por prestar su apoyo al PP cuando el Gobierno central impugnó el incremento aprobado por la Junta andaluza, gobernada por el PSOE. El diputado peneuvista Jon Zabalía acusó en diciembre de 1998 al presidente andaluz, Manuel Chaves, de actuar con "incongruencia", aunque se mostró partidario de "la capacidad soberana de redistribuir el gasto social".

Iñigo Manrique, portavoz del Partido Popular en las Juntas de Guipúzcoa, anunció que este partido no admitirá las "desigualdades sociales entre los vascos", ni apoyará la "descoordinación interinstitucional".