Los pescadores españoles ganan un pleito de 12 años al Reino Unido

El colectivo de 70 empresas pesqueras gallegas y vascas cerró la última fase de su larga demanda judicial contra el Gobierno británico con una rotunda victoria ante los jueces lores. En una decisión unánime, cinco jueces lores reafirmaron ayer el derecho de los armadores españoles a ser indemnizados por los daños sufridos en el conflicto conocido como "el salto de la cuota" comunitaria y en el que el Reino Unido retiró las licencias a los barcos españoles que faenaban bajo bandera británica.

Los barcos del grupo de empresas afectadas, un total de 96, faenaban con bandera británica, accediendo, por tanto, a la cuota del Reino Unido, hasta que Londres -en tiempos de Margaret Thatcher- retiró las licencias en 1989. Durante 18 meses no pudieron faenar en esas aguas, hasta que una ley del Tribunal Europeo anuló la decisión británica. Desde entonces, el colectivo lucha en suelo británico y europeo contra una decisión unilateral y ha ganado en todos los pasos judiciales que ha dado."La victoria es extraordinaria, en tanto que la sentencia nos favorece enormemente. Los lores [dos de los cinco que han tomado la decisión, Leonard Hoffmann y Donald Nicholls, han participado en el caso Pinochet], en una extrañísima decisión unánime, afianzan la argumentación de previos jueces. Estamos felices de haber cerrado un capítulo que comenzó hace 12 años", señala Margarita Maiza, gerente de la Asociación Nacional de Armadores de Sociedades Conjuntas e Internacionales.

"Es un fracaso rotundo del Gobierno británico. La demora es una desgracia por la cuantía de los daños, pero más vale tarde que nunca", afirma, por su parte, el armador coruñés Juan Tobio, de Interpesco, que se vio obligado a reducir su flota de siete barcos a consecuencia del contencioso.

Intereses

La asociación calcula la indemnización global en torno a los 100 millones de libras (unos 25.500 millones de pesetas), más unos 15.000 millones de pesetas en concepto de intereses acumulados en la última década. Cada barco podría ser compensado con una cantidad que oscilará entre 255 y 500 millones de pesetas.

"Éste es el punto final. Sólo puede haber disputas respecto a las cuantías en particular de cada empresa, pero el principio está aceptado y esperamos cobrar a partir del próximo enero", afirma Maiza. El dictamen de los lores marca la segunda victoria sin precedentes de los pescadores gallegos y vascos. En julio de 1991, el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo declaró que la Merchant Shipping Act (Ley de Barcos Mercantes) de 1988 era contraria y, por tanto, ilegal al Tratado de Roma.

El Tribunal Europeo contestó con su sentencia el principio de soberanía nacional y sentó un precedente con la interferencia en la legislación fundamental de los Estados miembros.

El Parlamento británico se vio obligado a suspender la aplicación de la polémica ley, que incluía una serie de restricciones contra el registro de barcos con bandera británica, una estrategia comercial que fue seguida principalmente por armadores españoles y holandeses.