Un millar de manifestantes reclama mayor seguridad para el barrio de la Ribera
Ha sido la chispa que ha hecho saltar la alarma. Las agresiones a varias mujeres por parte de un violento atracador, ocurridas en los últimos 15 días en el barrio de La Ribera de Barcelona, han provocado la ira de sus vecinos. Por este motivo, unas 1.000 personas de este barrio según los organizadores y 700 según la Guardia Urbana, recorrieron ayer las calles del centro de Barcelona para reclamar a las autoridades más seguridad y protección para el barrio de La Ribera.Entre los manifestantes había un numeroso grupo de inmigrantes magrebíes e hindúes. Algunos de ellos gritaron consignas como "el delito no tiene color", en clara referencia a los comentarios racistas que en los últimos días se han podido escuchar en boca de algunos vecinos del Casc Antic, ya que se tiene la sospecha de que el agresor pudiera ser norteafricano. La frase más coreada de la marcha fue: "No al racismo; sí al civismo".
Los manifestantes, que fueron convocados por seis entidades vecinales del distrito de Ciutat Vella, se dieron cita a las 19.00 en la plaza de Sant Agustí Vell. De allí partieron hacia la Via Laietana y al pasar junto a la Jefatura Superior de Policía, hicieron una sentada para exigir una mayor presencia de agentes en Ciutat Vella. La marcha continuó después hacia la plaza Sant Jaume, donde concluyó la concentración hacia las 20.30 de la noche.
La movilización estuvo encabezada por los representantes de las asociaciones vecinales convocantes. También participó en la protesta M. A., una joven de 25 años víctima del atracador que tiene atemorizadas a las mujeres del barrio de La Ribera.
Representantes de las entidades vecinales de Ciutat Vella pidieron ayer por la mañana a los vecinos "que no se tomen la justicia por su mano". En un comunicado firmado por seis asociaciones de vecinos se denuncia la "pasividad" del Ayuntamiento y de la Generalitat ante la falta de seguridad que, a juicio de las asociaciones, sufre el distrito. También han solicitado una reunión con la delegada del Gobierno, Júlia García Valdecasas, el alcalde de Barcelona, Joan Clos, y representantes del Cuerpo Nacional de Policía, para tratar el problema y encontrar soluciones.
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