Los constructores catalanes condenan el uso fraudulento de las suspensiones de pagos con cargo a los acreedores

VIENE DE LA PÁGINA 1 El Gobierno catalán dio la calificación definitiva al bloque el pasado 29 de junio, aseguró Forradellas, pero añadió que el Ayuntamiento había observado algunas fallas y, por ello, había reclamado a la constructora que lo terminase. El cierre de la misma complicó la situación, de forma que el municipio requirió notarialmente al constructor antes de asumir directamente la reparación de los desperfectos, siempre menores, según el concejal de IC-V.

"Nunca hubo trato de favor a esta empresa y los pagos se han hecho igual que a todos los demás constructores", añadió Forradellas, quien aseguró que la oposición tendrá a su disposición todos los expedientes que desee consultar. Para comprobar la veracidad de estos hechos, CiU acudirá hoy al patronato. Forradellas asegura que se le mostrarán los documentos y estará, además, el interventor por si quiere cualquier tipo de aclaración.

IC-V no pedirá ninguna comisión de investigación por considerar que todo se ha hecho correctamente y no hay nada que investigar. ERC y el PP no habían decidido ayer si se sumaría a la petición de una comisión hecha por Miró i Ardèvol.

La Cámara de Contratista, por su parte, pretende que el caso de AGT sirva de escarmiento para el futuro en la medida en que es "un ejemplo de mal funcionamiento del mercado de obra pública". Los constructores creen que la suspensión de pagos es un recurso legítimo de las empresas, pero denuncian y rechazan "sin paliativos la fraudulenta utilización de la suspensión de pagos" para "incumplir dolosamente los contratos firmados con proveedores y clientes y hacer negocios con los acreedores, que se ven ante el ultimátum de negociar una quita [un descuento automático de un 30%, un 40%, un 50% o más] o correr el riesgo de ver cómo la deuda se volatiliza totalmente". La Cámara rechaza también "la compraventa de empresas en crisis por parte de desconocidos salvadores de puestos de trabajo que en realidad están comprando la empresa con el dinero de los acreedores".

Los contratistas señalan también la responsabilidad de los "clientes", que son en su totalidad Administraciones públicas, y se pregunta cómo es posible que una empresa con 111 millones de pesetas en fondos propios obtuviera obras por más de 6.000 millones, para concluir que cualquiera hubiera podido ver que las ofertas de esta firma era las más baratas, pero no las más económicas, ya que acaban constando dinero al contribuyente.