La Junta andaluza abre un nuevo frente con el Gobierno y sube un 3,9% a sus funcionarios

La Junta de Andalucía ha abierto un nuevo contencioso con el Gobierno central al aplicar una subida salarial a los 40.000 trabajadores de su administración superior a la del resto de los empleados públicos. El incremento será de entre un 3,6% y un 3,9%, frente al 2% decretado por el Ejecutivo central en los Presupuestos Generales del Estado del año 2000. La medida implica un coste total de 3.950 millones de pesetas. Así se establece en el acuerdo rubricado ayer entre la consejera de Gobernación, Carmen Hermosín, y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF.

El Ejecutivo andaluz que preside el socialista Manuel Chaves emprende con los funcionarios autonómicos un camino similar al iniciado en diciembre pasado con los pensionistas. Ahora aplica una subida salarial superior a la del resto de los empleados públicos, al igual que entonces subió las pensiones no contributivas un 3,6%, cuando las del conjunto de España aumentaron un 1,8%.Ahora la Junta de Andalucía esgrime que quiere compensar a sus funcionarios por el poder adquisitivo perdido en estos últimos años y premiarlos por su trabajo. La titular de la Consejería de Gobernación, Carmen Hermosín, explicó el sentido del acuerdo: "Hemos querido mejorar las retribuciones de nuestros funcionarios porque están haciendo un esfuerzo en la mejora de la Administración, más moderna y eficiente". Hermosín añadió que la subida es también un premio a esa eficiencia: "Lógicamente estas cosas [salario y trabajo eficiente] van bastante ligadas unas con otras".

Los funcionarios y el personal laboral dependiente de la Administración andaluza contarán en sus nóminas del 2000 con una subida general del 3,6 % y tres décimas adicionales para aquellos empleados con un salario inferior para acercar las "diferencias que se producen en retribuciones medias" en las diferentes clasificaciones laborales.

3.900 millones

El acuerdo salarial suscrito con los sindicatos contempla una inversión de 3.900 millones de pesetas de los cuales 2.700 irán destinados a sufragar la subida de las nóminas y el resto, 1.250 millones, será empleado en cubrir la oferta pública de empleo del próximo año, en la que está prevista que salgan a concurso-oposición entre 750 y 800 plazas.

Dicha oferta de empleo público estaría condicionada al desarrollo de la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales, en vigor en la Administración autónoma desde el pasado 1 de octubre, tras la rúbrica de otro acuerdo entre el Ejecutivo regional y los principales sindicatos . Esta medida ya ha generado una demanda de 2.100 empleos en la función pública andaluza.

Asimismo, el acuerdo establece un fondo para la prevención de riesgos laborales. La Junta andaluza también se ha comprometido con los sindicatos de funcionarios a realizar un incremento salarial del 1% sobre la subida del IPC en los años 2001 y 2002.

Asimismo, Hermosín criticó la subida aprobada por el Gobierno central para los funcionarios públicos, de un 2% y un fondo adicional de 12.000 millones, al considerar que hubiera sido más conveniente elevar el incremento salarial en detrimento de dicho fondo. El acuerdo alcanzado entre Gobierno central y sindicatos fue considerado por la consejera andaluza como un documento que "peca de oscurantismo". "No sé exactamente qué se está subiendo ademas del 2%", dijo, ya que a su entender no estaría suficientemente especificada la distribucion del fondo adicional, "y por tanto", dijo Hermosín, "tiene un cierto tufo de oscurantismo".

Estas criticas están respaldadas por el sindicato UGT, que no firmó el documento con el Gobierno central. Antonio Tirado, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, consideró el convenio andaluz "más solidario" que el alcanzado a nivel nacional.

El acuerdo suscrito ayer fue el tercero de los alcanzados entre la Junta andaluza y los sindicatos durante la presente legislatura. El pasado julio los sindicatos acordaron con la Administración la aplicación paulatina de la jornada de 35 horas semanales en la función pública andaluza. Además, se acordó la reducción del 25% de las horas extraordinarias.

Esto supuso un coste de 6.000 millones de pesetas para el presupuesto regional. La tercera pata del acuerdo fue el desbloqueo de la oferta pública de empleo y el compromiso de regular la situación de los más de 3.500 trabajadores interinos de la Administración regional.

En cambio, la Junta andaluza no ha aceptado las demandas de los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) -en total 78.000 personas, médicos incluidos- que han convocado una huelga para el viernes en reivindicación de la semana laboral de 35 horas y mayores incrementos en sus retribuciones, informa Jesús Arias. El Gobierno andaluz considera inalcanzables esas demandas cuyo monte económico se cifra en 27.000 millones de pesetas.