ETA endurece las condiciones para reunirse con el Gobierno y nombra interlocutores a tres presos

La organización terrorista ETA anunció ayer su disposición a reanudar las conversaciones con el Gobierno español, que la banda declaró rotas el pasado 28 de agosto cuando sólo se había celebrado un único contacto, el 19 de mayo anterior. Pero el temario y los interlocutores que fija -en el noveno comunicado desde la declaración de la tregua indefinida el 16 de septiembre de 1998- para la nueva reunión suponen un notable endurecimiento de las condiciones para el diálogo, que dificulta su aceptación por el Gobierno. Éste señaló ayer mismo, en una medida nota, que no ha recibido aún la "carta oficial" difundida por ETA, que interpreta su contenido como puramente propagandístico y de consumo "interno", y que sigue dispuesto a continuar el diálogo con la organización terrorista en los términos planteados antes de su "suspensión unilateral". Desde otra perspectiva, las fuerzas nacionalistas, el PNV y EA, también se esforzaron por rebajar la dureza de la "nota de prensa" de ETA y la valoraron como otro movimiento en el pulso de imagen establecido entre la banda y el Gobierno de Aznar. Para IU supone una involución y desde el PSOE Manuel Chaves la tildó de chantaje y provocación. Más allá de las reacciones, la misiva remitida el sábado a los diarios Gara y Egunkaria es considerada "muy preocupante" en medios políticos vascos, tanto por el tono y el contenido de la misma como por el momento en el que llega. En este sentido, expresaron su temor de que suponga una maniobra de la organización terrorista para dejar sin margen de maniobra al Gobierno e ir construyendo motivos sobre los que poder argumentar más tarde una eventual ruptura de la tregua. Esta inquietud es compartida en privado por políticos nacionalistas y por miembros del propio Ejecutivo del PP. El contexto aparece dibujado por un profundo estancamiento del proceso de Lizarra, que propició la tregua, y una absoluta incomunicación entre las fuerzas nacionalistas y los partidos de ámbito estatal, y entre el Gobierno de Aznar y el PNV. A esto se añade la alarma causada por el asalto al polvorín de Bretaña y la decisión de HB de no participar y propugnar la "abstención activa" en las próximas elecciones generales. La agenda que propone ETA para la nueva reunión adquiere el carácter de un emplazamiento. Le plantea al Gobierno, en tono perentorio, que en ella responda a cuatro cuestiones: si está dispuesto a "respetar los acuerdos y la voluntad que libremente expresará Euskal Herria" -en otras palabras, el llamado "ámbito vasco de decisión"-, y de qué forma y "con qué garantías" va a hacerlo. Así mismo, le requiere precisiones sobre "cuándo y cómo" se producirá la "puesta en libertad de todos los presos políticos vascos" y "la salida de las fuerzas armadas extranjeras españolas". Con este planteamiento, la organización desborda el esquema en el que ha querido situar el Gobierno sus conversaciones directas: calibrar la sinceridad de su abandono de la violencia y estudiar a cambio la liberación de sus presos y el regreso de los huidos. Aunque la misiva contiene por primera vez una referencia a los presos, ésta aparece en términos no negociables y dentro de un contexto en el que se reafirma el papel de ETA como guardián y garante de ese difuso proceso por el que "Euskal Herria [Euskadi, Navarra y el País Vasco francés] expresaría libremente su voluntad". La fijación de ese temario preciso y cerrado representa un obstáculo objetivo para que se produzca la segunda reunión con los representantes del Gobierno, si bien los medios políticos consultados estiman que puede responder a la "escenografía" que envuelve toda negociación. Más trascendencia le otorgan a los representantes que designa ETA y las condiciones que establece para la nueva reunión.

Los tres comisionados designados por el presidente Aznar -Ricardo Martí Fluxà, Javier Zarzalejos y Pedro Arriola- no tendrían enfrente a la cúpula de la organización, como sucedió en la primera cita del 19 de mayo, en Zurich -acudió el jefe del aparato político Mikel Albizu, Antza, y la histórica militante Belén González Peñalba, quien ya participó en las conversaciones de Argel, en 1989-. El Gobierno, por el contrario, tendría que aceptar como interlocutores a tres presos -Antton López Ruiz, Kubati, el asesino de Yoyes, el veterano ex dirigente Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, y José Javier Arizkuren, Kantauri, jefe militar de ETA durante la sangrienta ofensiva contra los cargos locales del PP, detenido el pasado 9 de marzo en París-, con lo que ello implica de desafío a su sensibilidad. "Se trata pura y llanamente de una provocación con la que se busca que el Gobierno dé un portazo a hablar en tales condiciones", opinó una personalidad vasca que ha realizado tareas de mediación antes del Acuerdo de Lizarra. Pero no sólo la identidad de sus representantes y la reducción de su capacidad negociadora representa un serio obstáculo de partida para restablecer una negociación operativa. Hay otros no menos importantes: el hecho de que uno de los tres, Kantauri, se encuentre preso en Francia, o la pretensión de ETA de que la próxima reunión se celebre en un escenario "neutral" que sitúa en Euskal Herria, con rechazo expreso de "España" y "el territorio francés". Es ésta una pretensión sorprendente por cuanto el único contacto admitido por ambas parte no se celebró ni en España ni en Francia, sino en la neutral Suiza. Además, el cumplimiento de esas exigencias sería incompatible con la discreción que la organización ha exigido hasta ahora. De hecho, el motivo principal aducido en agosto para interrumpir el diálogo fue que el Gobierno español "no ha tenido ni el más mínimo sentido de la discreción exigible sobre los contactos celebrados". Momento delicado Apegada a su gusto por dar golpes de efecto en circunstancias señaladas, ETA ha dado a conocer su misiva en un momento muy delicado de la política vasca. La polémica sobre la celebración del vigésimo aniversario de la aprobación del Estatuto de Gernika, que se cumple hoy, ha ahondado la sima abierta con el Acuerdo de Lizarra entre las fuerzas soberanistas (PNV y EA) y los partidos autonomistas (PSE y PP), y ha marcado el distanciamiento expreso del nacionalismo democrático de la vía estatutaria. En sus sucesivos comunicados, la organización terrorista ha supeditado el mantenimiento de la suspensión de los atentados no a lo que haga el Gobierno español, sino a que PNV y EA profundicen en su apuesta por la "construcción nacional" de Euskal Herria y rompan sus amarras con "España". Con la carta de ayer, sin embargo, ETA vuelve a situar al Gobierno y a sí misma en un primer plano del proceso iniciado en Lizarra, en un momento en que éste aparece estancado y no logra sumar nuevas adhesiones al "proyecto de soberanía" que debería garantizar el Ejecutivo español.