El Gobierno mantendrá la 'acción de oro' en Iberia, pese a los avisos de la UE

El Gobierno piensa mantener el derecho de veto a algunas decisiones en la última de las grandes empresas públicas privatizadas, Iberia, en la que el Ejecutivo mantendrá el mismo esquema que ha aplicado en otras OPV (oferta pública de venta), como las de Repsol, Telefónica, Endesa o Tabacalera, entre otras. Este procedimiento, contra el que se manifestó la Comisión Europea el pasado mes de julio, se negocia ahora con los socios del núcleo estable.

Los nuevos socios que conforman el núcleo estable de Iberia formalizarán al principio de la semana próxima su entrada en la compañía, según manifestó ayer el ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, en la inauguración de unas jornadas en Madrid, informa Efe. Este núcleo supone el 40% del capital de la compañía y engloba a los socios industriales -British Airways (9%) y American Airlines (1%)- y a los financieros: Caja Madrid, BBV, Logista, Ahorro Corporación y El Corte Inglés, que suman un 30%. El valor de Iberia se ha calculado en 580.000 millones de pesetas, por lo que la venta del 40% reportará a la SEPI 232.000 millones.La inminencia de la firma viene dada por la necesidad de acelerar trámites si se quiere cumplir con el calendario de negociación y sacar a cotizar Iberia en Bolsa a primeros de diciembre. Uno de los últimos flecos que quedan por cerrar es precisamente la cacacidad de decisión que va a tener el Gobierno en la compañía.

Según fuentes oficiales, la postura del Gobierno es la de mantener el esquema del resto de las privatizaciones, es decir, tener lo que se denomina acción de oro (golden share), un mecanismo que permite al Ejecutivo conocer las decisiones estratégicas y, en su caso, vetarlas si lo considerara necesario. Hasta ahora, la acción de oro que mantiene en las empresas privatizadas es por un periodo de tiempo comprendido generalmente entre 8 y 10 años, aunque la ley permite que sea entre 3 y 10 años. En este caso, los accionistas del núcleo estable preferirían que el Gobierno no conservase ese derecho por el máximo de tiempo permitido.

El Gobierno piensa mantener la acción de oro, pese a que el pasado mes de julio la Comisión Europea abrió un procedimiento contra España, igual que lo hizo con Portugal, Italia, Francia, Bélgica y el Reino Unido, donde este mecanismo también funciona.

Mientras la Comisión ve en la acción de oro un mecanismo de injerencia en la competencia de empresas privadas, el Gobierno español afirma que se trata precisamente de una cláusula de salvaguardia de la competencia, y no de una forma de intervención estatal o injerencia.

Otra de las cuestiones pendientes en Iberia es la venta de la filial Binter Canarias, prácticamente ultimada el verano pasado y que todavía no ha recibido la autorización de la SEPI.

El esquema de venta pactado en verano incluía un precio de unos 5.000 millones de pesetas (30,05 millones de euros).

Un grupo de empresarios canarios, con el apoyo de las cajas de ahorros, serían los compradores. Rodolfo Núñez, presidente de la caja de Tenerife, fue gerente de Binter Canarias.