Los socialistas piden a Cardenal que dimita por su actuación en los casos de Pinochet y Liaño

El PSOE y Nueva Izquierda (NI) aprovecharon ayer la comparecencia del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, para pedir su dimisión por su actuación en el caso Pinochet, en el que se opuso a la competencia española para juzgar los crímenes cometidos por el ex dictador chileno, y en el caso Liaño, en el que amparó a los fiscales que colaboraron con el juez condenado por prevaricación continuada por el Tribunal Supremo. Izquierda Unida, que no pidió la dimisión de Cardenal, coincidió, sin embargo, con el resto de la izquierda en criticar al fiscal general, quien solicitó tiempo para preparar sus respuestas, que ofrecerá hoy.

El fiscal general del Estado, que consumió una hora para presentar la última Memoria de la institución ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, pidió al final de la sesión tiempo para preparar las respuestas a las críticas de la oposición. Julio Padilla, presidente de la comisión, optó por suspender la sesión hasta hoy.Por el grupo socialista, el ex ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch contrapuso el prestigio histórico de las Memorias de la fiscalía con la "amalgama de datos estadísticos y de opiniones de fiscales provinciales, pero no del fiscal general", de la presentada por Cardenal. Negó "interés político" a esa Memoria y expresó la esperanza de que, tras las próximas elecciones, Cardenal será sustituido.

En contraste con el detalle de los viajes al extranjero realizados por los fiscales, Belloch echó de menos en la Memoria alguna referencia al relevante caso Pinochet. Comprendió que Cardenal no esté satisfecho por la actuación de la fiscalía tras los varapalos recibidos del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y por la justicia británica, pero consideró exigible que la Memoria hiciera una autocrítica y anunciara un cambio para que el Ministerio Fiscal "deje de aparecer como defensor de Pinochet y pase a ser defensor de la legalidad y de las víctimas de Pinochet".

Belloch pidió a Cardenal que dimita y en apoyo de su invitación le preguntó: "¿Cómo es posible que, tras la sentencia condenatoria del caso Liaño, no haya dimitido usted ni iniciado alguna acción penal contra Eduardo Fungairiño e Ignacio Gordillo, colaboradores del juez condenado y amparados por usted?".

El portavoz del PP Andrés Ollero criticó que el PSOE aprovechara la presencia de Cardenal para hablar del caso Pinochet, mientras no da prioridad a una petición de comparecencia específica sobre ese asunto, "tal vez para evitar que Felipe González aparezca y diga lo contrario". Belloch negó que su grupo hubiera pospuesto esa iniciativa y el presidente dijo "no recordar que el PSOE pidiera su inclusión en el orden del día". Belloch replicó que tal comparecencia es "prioridad urgente para el PSOE"

Diego López Garrido, por NI, criticó la vinculación de Cardenal al Gobierno y su pasividad ante la violación de los derechos humanos. Le preguntó cuántas querellas o recursos de amparo había interpuesto en su defensa y cuántos expedientes disciplinarios se habían abierto a los 1.400 fiscales. Le criticó que, en cambio, "ha amparado a un grupo de fiscales de la Audiencia Nacional a los que recriminó el anterior fiscal general y que han mantenido posiciones similares a la del juez condenado Gómez de Liaño".

Antes de pedir la dimisión de Cardenal, López Garrido le responsabilizó de apartarse en el caso Pinochet del criterio de la Audiencia Nacional. Le acusó también de no reflejar "ni un solo caso de los 70 u 80 que lleva la Fiscalía Anticorrupción". Le reprochó que la Memoria se refiere a la violencia callejera "que una sociedad padece, ante la indiferencia (si no la complacencia) de sus rectores, por causa de la histeria separatista". Los nacionalistas vascos unieron su protesta.

En representación de IU, Pablo Castellano, quien omitió cualquier referencia a los casos de Pinochet y Liaño, empezó criticando que la Memoria se eleve "al Gobierno de Su Majestad" y terminó calificándola de "rutinaria, burocrática, cargada de silencios u omisiones". Echó en falta el número de delitos que cometen quienes están en libertad provisional o condicional y los 1.000 muertos anuales por siniestralidad laboral, "a los que a lo mejor no da importancia por complacencia con el mundo empresarial".