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Agricultores de Alicante y Murcia se disputan la explotación de los pozos de sequía del Segura

Los regantes de cultivos tradicionales de La Vega Baja, que controlan 26.000 hectáreas en la cuenca del río Segura, se han rebelado contra la decisión de la Confederación Hidrográfica de autorizar la explotación de los pozos de sequía a la Comunidad de Riegos Meridionales de Murcia. Los agricultores alicantinos esgrimen derechos históricos para utilizar dichos pozos en exclusiva, han aprobado en asamblea iniciar acciones legales para mantener esos derechos, y piden ayuda a la Generalitat. Mientras, las explotaciones agrícolas intensivas de Murcia peligran por la sequía.

La concesión de agua procedente de los pozos subterráneos de sequía del río Segura para riego de tierras de diversos municipios de Murcia (Lorca, Águilas, Mazarrón y Puerto Lumbreras), ha desatado la encendida protesta de los agricultores alicantinos que cultivan 26.000 hectáreas de regadíos tradicionales en el Bajo Segura. La práctica totalidad de juzgados de agua, comunidades de regantes y sindicatos de riego de La Vega Baja han acordado elevar a la Confederación y al Ministerio de Medio Ambiente su protesta formal contra la nueva concesión, y anuncian que tomarán cuantas medidas legales estén a su alcance para impedir el uso de ese caudal subterráneo, que consideran propio por derechos históricos.Los regantes alicantinos aseguran que la concesión atenta contra caudales del Segura que son, históricamente, de su uso exclusivo, y que la concesión de derechos a nuevas explotaciones perjudica sus intereses.

Reunidos el lunes en Guardamar del Segura, los afectados acordaron movilizarse contra la explotación de los pozos de sequía por parte de la Comunidad de Riegos Meridionales.

El pasado julio, la confederación autorizó la explotación de las reservas del Segura ante el avance de la sequía. Los pozos de sequía se localizan junto al cauce del río y, por tanto, de ellos se extraen caudales del manto subálveo. "La utilización de esas aguas corresponde por derecho a los regadíos tradicionales de la cuenca del Segura", aseguran los denunciantes.

En el acta suscrita por los representantes de los regantes del Bajo Segura, se lee que "la Comunidad de Regadíos Meridionales no es titular de derecho alguno que le permita la legítima utilización de caudales procedentes del río Segura, como tampoco de aguas del Trasvase Tajo-Segura". "Se trata", añaden, "de regadíos creados por cuenta y riesgo de sus titulares a sabiendas de que no tienen derecho alguno a las aguas del Segura, por lo que no pueden invocar la escasez que dicen padecer como excusa para intentar despojar a los regadíos tradicionales de los derechos que desde tiempos inmemoriales les corresponden".

Los agricultores de La Vega Baja y colectivos en defensa del Segura se oponen tradicionalmente a la creación de nuevas tierras de regadío, al considerar que no se pueden realizar más concesiones por la escasez de los recursos hídricos.

Reservas agotadas

En septiembre, la Asamblea Regional de Murcia aprobó, por unanimidad, solicitar del Ministerio de Medio Ambiente un trasvase urgente de 10 hectómetros cúbicos para salvar las cosechas de las explotaciones agrarias intensivas de Águilas, Mazarrón, Puerto Lumbreras, Lorca y la limítrofe localidad almeriense de Pulpí, informa Antonio D. Aguilar.

José Hernández, presidente de la Comunidad de Regantes de Mazarrón integrados en la Proexport, una asociación de exportadores de productos hortofrutícolas, señaló ayer que sus explotaciones intensivas necesitan con urgencia una aportación de agua para evitar que se pierdan sus cosechas, que suponen el 80% de la producción de Murcia. Sus pozos son inservibles, por haber sido sobreexplotados o por estar salinizados en extremo.

Las disputas por las escasas reservas del Segura no acaban aquí. Esta misma semana, la Comisión Pro-Río expresó su frontal oposición a la decisión de la Confederación de conceder a los agricultores de Cieza dotaciones de agua de depuradora para regar sus campos, lo que afectará al caudal ecológico del río. El portavoz del colectivo, José Antonio Muñoz Grau, asegura que la decisión contraviene lo expresado en la Mesa de Seguimiento del Segura, y pide que se rectifique.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de octubre de 1999

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