El PP denuncia ante la fiscalía una carta enviada por la Junta de Andalucía a los pensionistas

El PP denunció ayer ante la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla al consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, por enviar una carta, con membrete oficial, a los perceptores de pensiones asistenciales en la que les asegura que el Gobierno central no ha subido su pensión para el año 2000. El secretario general del PP en Andalucía, Antonio Sanz, además de calificar de "miserable" y "sinvergonzonería" los juicios que se vierten en la misiva, consideró que el consejero puede haber incurrido en un delito de malversación de caudales por usar dinero público para fines "partidistas".En la carta, con fecha de octubre de 1999 y remitida a los 46.000 beneficiarios de esta ayuda, se afirma que las medidas adoptadas por la Junta en materia de pensiones "han permitido conseguir" del Gobierno central un aumento "aceptable" de las pensiones más bajas. Sin embargo, las asistenciales (las que reciben los destinatarios del escrito) han sido congeladas una vez más, pese a que el Ejecutivo presidido por José María Aznar "dispone de suficiente dinero, y prueba de ello es el reciente regalo que ha hecho a las compañías eléctricas, por un importe total de 1,3 billones de pesetas". En este punto, Sanz, quien formalizó la denuncia junto con la portavoz de Asuntos Sociales, Ana María Corredera, y el coordinador de Comunicación, José María Pareja, interpreta que la carta llega a atribuir, incluso, un posible delito al hablar de "regalo" a las eléctricas.

Por su parte, el consejero de Asuntos Sociales defendió que la información a los pensionistas "está dentro" de sus competencias. "El Gobierno nunca nos perdonará el bocado que le hemos dado en materia de pensiones", repuso Pérez Saldaña.

El dirigente del PP subrayó que el contenido del documento es "ajeno" a las funciones de la Consejería de Asuntos Sociales, ya que en él se "lanzan claramente mensajes de tipo político que pueden influir decisivamente en la ideología de cada una de estas personas". Además, a juicio de Sanz, el envío de la comunicación, costeado por la consejería, puede ser constitutivo de un delito de malversación de caudales públicos.