El fiscal anticorrupción amplía la investigación por los fondos de formación a la cúpula de la patronal autonómica

El fiscal anticorrupción encargado de investigar las supuestas irregularidades cometidas por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) entre 1993 y 1995 ha ampliado el objeto de sus pesquisas a la patronal autonómica, la Confederación Interprovincial de Empresarios de la Región Valenciana (Cierval). El representante del ministerio público, Vicente González, ha solicitado a la policía la identificación de los dirigentes de esa organización entre 1993 y 1996, el periodo en el sucedieron los hechos investigados. El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupcion intentan esclarecer si, tal como apunta un informe del Tribunal de Cuentas, la CEV pudo utilizar irregularmente casi 200 millones de pesetas procedentes de las arcas del Estado y, en principio, destinados a financiar la formación de centenares de trabajadores.

Los máximos responsables de la CEV y la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (Cepymev) ya están imputados como supuestos responsables de un delito de fraude en las subvenciones públicas. Ahora, González ha solicitado la identificación de la cúpula de Cierval en una etapa concreta: entre 1993 y 1996.

Según fuentes cercanas al caso, el fiscal podría plantearse el interrogatorio de los dirigentes de esa organización, ya que era esta entidad, al menos de forma nominal, la encargada de solicitar y gestionar los fondos enviados a la patronal por la Fundación para la Formación Continua (Forcem). Entre 1993 y 1996 la CEV y Cierval compartían presidente -José María Jiménez de Laiglesia-, aunque no secretario general: Luis Espinosa, en el caso de la primera entidad; Rafael Montero, en el caso de la organización regional.

No obstante, Espinosa, actual responsable de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), ocupó la secretaría general de Cierval, cargo que abandonó en 1990 a causa del escándalo que protagonizó por el supuesto trato de favor que consiguió en la Sociedad de Garantía Reciproca para una de las empresas en las que trabajaba, Robima.

El cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, siempre marcado por la polémica, fue señalado por sus compañeros en la patronal como el principal responsable de la gestión de los fondos procedentes de Forcem en ejercicio de sus atribuciones como secretario general.

De hecho, aunque Cierval, como entidad integrada en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), era la institución encargada de pedir y repartir los fondos de formación, la patronal autonómica delegaba en las tres patronales provinciales -además de CEV, COEPA en Alicante y CEC en Castellón- el reparto de estos fondos. Ninguna de las inspecciones previas realizadas en las dos últimas organizaciones apuntó la existencia de irregularidad alguna.