Un acusado del crimen de Usurbil rompe el pacto de rebaja de penas

La vista no transcurrió como estaba prevista. Antonio G. G., uno de los procesados por la muerte del joyero de Usurbil Pedro María Arregi, negó ayer por boca del abogado su implicación en el crimen porque se encontraba "desvanecido e inconsciente en el suelo" cuando ocurrió y rompió así el acuerdo alcanzado entre defensa y acusaciones para rebajar las penas de los tres implicados, que suman más de 50 años de prisión. Fuentes jurídicas aseguran que, en principio, no peligra el trato alcanzado con los otros dos procesados. Ramón V. V., presunto autor material del disparó que causó la muerte del joyero, y su sobrino Luis Miguel S. V., al que se le acusa de ocultar el arma homicida, reconocieron ayer su responsabilidad en los hechos a través de sus letrados. Ocurrió durante la vista oral celebrada en la Sección Primera de la Audiencia de Guipúzcoa con la que se dio inicio al juicio con jurado. Los hechos que se juzgan se remontan al 12 de marzo de 1998. Ese día, según la calificación fiscal provisional, Antonio G. G. y Ramón V. V., irrumpieron en la joyería de la víctima y reclamaron que les entregase los objetos de valor del establecimiento. Arregi se resistió, mantuvo un forcejeo con los atracadores y propinó un golpe al primero de ellos, que le causó una conmoción momentánea.

En el transcurso del enfrentamiento, los tres hombres salieron al exterior del local. Entonces, Ramón V. V. disparó al joyero a corta distancia, acabó con su vida y se dio a la fuga. Antonio G. G. no pudo huir y fue detenido en el lugar de los hechos. Las acusaciones solicitan provisionalmente penas que suman 23 años de prisión por los delitos de homicidio, robo con intimidación y tenencia ilícita de armas, con el agravante de reincidencia. La defensa, en cambio, pide un total de 6 años y tres meses.

Implicación

Hasta hace un mes, sólo Antonio G. G. había reconocido su implicación en los hechos. Pero ayer se retractó. Su testimonio cogió por sorpresa al fiscal y a la acusación particular que representa a la viuda, la madre y los dos hijos del joyero, que habían llegado a un acuerdo global con las defensas para rebajar sustancialmente las penas. El trato se fraguó gracias a las investigación practicada tras la detención de Antonio G. G. Diversas intervenciones telefónicas y otras actuaciones sirvieron para desenmascar a los autores, a los que les quedaba poca opción para desmentir su implicación en los hechos, según fuentes jurídicas.

La vista oral continuará hoy con la declaración de los procesados. El fiscal pide para Ramón V. V. 22 años de prisión y 5 para su sobrino, unas penas que la acusación particular eleva a 26 y 7 respectivamente. Las defensas, sin embargo, reclaman la libre absolución para Ramón V. V., "porque no estuvo ni participó en los hechos", y un año de prisión para Luis Miguel S. V. por tenencia ilícita de armas.