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El juez investiga el patrimonio y las rentas de Carrascosa y Andreu

El juez encargado de investigar el supuesto entramado ilegal de empresas creado desde Canal 9 para desviar fondos públicos a manos privadas ha tomado ya varias decisiones. Dos de ellas persiguen esclarecer si el ex director de Televisió Valenciana (TVV), Jesús Sánchez Carrascosa, y el ex subdirector de esa empresa pública, Vicent Andreu, han disfrutado de un importante incremento patrimonial en los últimos tres años. Para ello, el magistrado ha solicitado sus últimas declaraciones de renta y patrimonio.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Paterna, Ignacio Wenceslao Luján, ha requerido esos documentos con ánimo de confirmar o descartar la tesis de la querella presentada: que al menos seis ex altos cargos de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) han podido cometer hasta tres delitos -societario, tráfico de influencias y malversación de caudales- al desviar capital de Canal 9 a varias empresas del ramo audiovisual. El juez entiende que Carrascosa y Andreu podrían ser beneficiarios de ese supuesto fraude, operación ilegal que se reflejaría en un aumento de su capital y patrimonio y del que podría haber constancia en los documentos presentados ante la hacienda pública. Por lo pronto, según fuentes del PSPV -partido que impulsa la querella-, Andreu aseguró ayer durante su comparecencia que no efectúa declaración de patrimonio, a realizar con posesiones de más de 20 de millones de pesetas. Carrascosa no hizo ningún comentario a la petición tomada de oficio por el juez, que no realizó el mismo requerimiento respecto al primero de los imputados en declarar, Leonardo Ramón, ex presidente del consejo de administración de RTVV.

Difícil explicación

Mientras, el ex subdirector de Canal 9, Vicent Andreu, no logró justificar ayer en su comparecencia ante el juez las razones de carácter empresarial que condujeron a los gestores de Canal 9 a dar contratos por valor de más de 270 millones de pesetas a una empresa, Astel, creada poco antes con un capital social de apenas 500.000 pesetas. Según las mencionadas fuentes, el juez preguntó explícitamente a Andreu sobre esa política de contrataciones. La respuesta no arrojó luz sobre el asunto: Carrascosa, afirmó, le encargó Babalà, el programa infantil de Canal 9, por la confianza que tenía en él y en otro de los imputados que fundó Astel, Francisco Aura.

Andreu admitió a preguntas del juez que la escasa capitalización de Astel obligó a la empresa a recurrir a varios préstamos ( de Bancaixa y una empresa dependiente de la caja cogestionada por la Generalitat, el Banco de Murcia) para montar la infraestructura que necesitaba el programa. Andreu, aupado a la subdirección por Carrascosa, no imitó a su antiguo superior y, además de reconocer algunos contratos que le fueron exhibidos, se comprometió a entregar todos los documentos suscritos por Astel y Canal 9. El PP y la dirección de RTVV se negaron reiteradamente durante la pasada legislatura a mostrar esos papeles en las Cortes Valencianas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de octubre de 1999

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