La OCDE recomienda cobrar el agua en función del consumo y no con tarifas planas

La OCDE considera demostrado que la forma más eficaz de moderar el consumo de agua por las familias, las industrias y los agricultores es cobrarles un precio relacionado con el volumen que gastan, en lugar de las extendidas tarifas planas actuales. Según un informe a punto de ser publicado por esta organización, muchos países industrializados han tomado ya medidas que tienden a considerar el agua como un bien de consumo cualquiera. La OCDE anima a sus 29 países miembros a profundizar en esa línea y, en particular, a cobrar a los agricultores el precio real del agua que usan para regar.

Los sistemas de suministro de agua se han considerado siempre monopolios naturales con poca o nula cabida para la introducción de mecanismos de mercado en su gestión, y en los países de la OCDE siguen siendo esencialmente de propiedad pública, pese a la generalizada tendencia a la privatización de otros servicios. Sin embargo, un creciente número de países está ya experimentando con fórmulas de privatización parcial del suministro, que suelen llevar asociada la adopción de un sistema de precios proporcionales al consumo. Estas conclusiones se reflejan en el informe El precio del agua, que la OCDE publicará próximamente.Para los ayuntamientos, delegar los servicios de suministro en operadores privados supone un considerable ahorro, ya que de otro modo tendrían que extraer de las arcas municipales unos recursos financieros que, con la privatización, acaba aportando el usuario.

Las formas de cobrar por el agua varían muy ampliamente por sectores y países. Pero la OCDE detecta una tendencia general a abandonar los sistemas de tarifa fija (independiente del consumo) e ir imponiendo precios por volumen de agua consumido. Para el suministro doméstico e industrial, la gran mayoría de los países utiliza ahora mismo un sistema combinado de tarifa fija y dependiente del consumo. Unos pocos países utilizan ya sólo lo segundo. En cuanto al agua para uso agrícola, el sistema de precios más común se basa en la superficie de riego, y no en el volumen consumido.

Los contadores están ya muy extendidos en la industria y las viviendas, aunque en este segundo caso lo más común es que se mida el volumen total que entra en el edificio, y no el consumo individual de cada familia. Los contadores para uso agrícola son todavía una rareza. De hecho, la OCDE los desaconseja en los países húmedos, puesto que la mejora de eficacia que supondrían sería mucho menor que el coste de su instalación y lectura. En los países secos, sin embargo, la OCDE considera que buscar formas de cobrar a los agricultores de acuerdo con el volumen de agua que consumen constituye una herramienta esencial para conservar los recursos hídricos.

Desarrollo social

La mayoría de los países industrializados consideran la agricultura como un medio de desarrollo social y económico de las zonas rurales más deprimidas. En consecuencia, los precios del agua para regar se fijan con relación al rendimiento económico de las tierras de cultivo, que nunca es muy alto, y no en proporción al volumen de agua consumido.Sin embargo, un pequeño grupo de países ha empezado ya a tomar medidas para que los agricultores se responsabilicen del coste del agua que gastan. Su estrategia es cobrarles tarifas destinadas a costear o amortizar las infraestructuras públicas de regadío, un objetivo que ningún país ha logrado aún plenamente.

Una subida de los precios del agua de riego, y una mayor proporcionalidad con el volumen que gasta cada propietario, conduciría, según la OCDE, a que los agricultores adoptaran técnicas de regadío más eficaces que las actuales, y posiblemente a que la superficie de regadío se redujera a medio plazo.

Costes completos

"Donde los precios puedan reformarse para reflejar mejor los costes económicos completos del suministro de agua para regar (y, de ser posible, también los costes medioambientales), la evidencia indica que la conservación de los recursos hídricos mejorará en algunos casos", indica el informe.En los últimos 10 años, los precios del agua han subido en todos los países de la OCDE, pero en el sector agrícola han permanecido mucho más estables que en el ámbito doméstico. En este último, cinco países han experimentado subidas de más del 6% anual durante los últimos diez años.

Parte del aumento de los precios del agua se debe a los costes relacionados con la contaminación. Varios países están incrementando sus tarifas con el propósito explícito de financiar nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales. En estos casos, la OCDE recomienda que cada factura individual especifique qué parte del precio corresponde al suministro y cuál al tratamiento de repurificación, de modo que los proveedores del servicio se vean forzados a responder de sus inversiones.

Los países de la OCDE han empezado a reconocer que la división de la gestión del agua en muchos proveedores locales resulta ineficaz, y se aprecia una clara tendencia a la creación de organismos supramunicipales que coordinan el suministro. Los gobiernos nacionales o regionales tienen un papel cada vez mayor.

Varios países han establecido ya reguladores económicos independientes que deciden los precios del agua y, ocasionalmente, definen criterios de calidad en la provisión del servicio.

Ciertos sectores industriales, como el químico, el textil, el metalúrgico y el del papel, han hecho notables progresos en el ahorro de agua durante los últimos años. Una de las razones de esta reducción del consumo industrial es precisamente la subida de precios. La razón de que sólo repercuta en ciertas ramas industriales es que estos sectores tienen una mayor capacidad para adoptar nuevas tecnologías que gastan menos agua. Pero sólo la subida de precios, y su mayor proporcionalidad con el consumo real, hace rentable para las industrias las inversiones en esas nuevas técnicas.

Objetivos sociales

La falta de acceso al sistema de suministro ya no es un problema prioritario en los países de la OCDE, según este organismo. En todos estos países, al menos el 75% de la población accede al suministro (la cifra llega al 90% en muchos casos). Los porcentajes más bajos, como es esperable, se dan en los países con las mayores poblaciones rurales.Sin embargo, persiste el problema de la asequibilidad económica del agua, lo que está llevando a un creciente número de países a impulsar políticas de tarifas destinadas a garantizar precios asumibles por las capas sociales menos favorecidas.

Una solución común es la "progresividad social" de las tarifas del agua, es decir, que los precios sean menores, o crezcan menos con el volumen consumido, para los usuarios de menor renta. Estas prácticas de tipo redistributivo generan también desvíos del principio general sostenido por la OCDE, el de la proporcionalidad entre el cobro y el volumen consumido.

Los países industrializados cada vez son más conscientes, según la OCDE, de que los subsidios al consumo de agua "no son necesariamente la mejor forma" de alcanzar esos objetivos sociales, y de que, de hecho, las ayudas públicas pueden resultar contraproducentes a largo plazo. Mantener bajos los precios para toda la población, a base de ayudas públicas, entorpece la percepción ciudadana de los problemas ambientales y económicos asociados al consumo de agua.